El capítulo primero de la trama de escándalos de la Policía Nacional de Ourense se reabrió en noviembre y, siete meses después, las diligencias continúan en marcha sin que se hayan producido imputaciones.

El magistrado de Instrucción Número 1, Leonardo Álvarez, levantó el archivo tras recibir en su sede un atestado de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) que atribuye a los gemelos Roy y Bernardo D. L. la autoría del robo de armas y de otros delitos relacionados con los anónimos, actuando junto al agente fallecido Celso B. A. con el supuesto fin de "vengarse" de otros compañeros. El magistrado requirió informes documentales para contrastar los extremos plasmados por la Policía de Ourense. La propia UDEV hizo aclaraciones y la Unidad de Asuntos Internos, la que instruyó la Zamburiña contra la anterior unidad antidroga, redactó un primer informe.

Tras analizar esa prueba, el instructor decidió recabar más análisis por escrito. Ahora está a la espera del informe final de Asuntos Internos, para decidir si acuerda citaciones o reitera el sobreseimiento de la causa. El primer archivo llegó en mayo de 2018, tras considerar el juez que las "irregularidades en la custodia y recuento de las armas existentes" no podía ser castigado penalmente ante la falta de indicios de autoría. Llegaron a estar investigados el secretario general de la comisaría y el responsable del servicio de armamento y tiro. Contra ambos se cerró la causa hace un año con el visto bueno de la Fiscalía, que descartó recurrir.

La investigación sobre el robo de 6 pistolas y revólveres en el búnker de la comisaría de Ourense, en agosto de 2014 y febrero de 2015 -en esta segunda fecha se echó en falta una segunda partida de tres armas, pero no se descartan que todas desaparecieran a la vez-, se reabrió a partir de un atestado de la UDEV de la Policía Judicial de Ourense.

Ese informe, de 133 páginas, que no menciona el homicidio en una sola línea, se dirigió en un primer momento, en septiembre de 2017, al juzgado de Instrucción 3, donde la magistrada Eva Armesto mantiene investigados a los hermanos por la muerte en comisaría de su amigo Celso, en abril de 2016. Cuando la Audiencia Provincial ratificó que la competencia sobre la desaparición en el búnker y el resto de delitos distintos al crimen no era suya, la jueza remitió testimonio del atestado de la UDEV a Instrucción 1, para que el juez Leonardo Álvarez valorase su trascendencia.

La Policía Judicial de Ourense sostiene que Celso B.A. accedió presuntamente con una llave del armero -o con una copia, sin su conocimiento-, "y debió disponer del apoyo de al menos otra persona para garantizar que no fuera descubierto, tanto al entrar como principalmente al salir", según la UDEV. Bernardo "fue uno de los autores que participaron en el robo de las armas", afirmó la brigada en su atestado. Las diligencias documentales complementarias acordadas por el magistrado buscan corroborar si la versión de la comisaría está probada.

En el despacho de la quinta planta donde apareció el cadáver de Celso B. A. se localizaron tres de las pistola robadas, mientras que las otras tres aún no han sido localizadas casi 5 años después. Tras echarse en falta la primera partida de armas, hubo una investigación interna. Uno de los gemelos, Bernardo, se encargó, como secretario en funciones, de la información reservada. Un anónimo remitido a Asuntos Internos en noviembre de 2014 vinculó la desaparición de las armas con presuntos policías corruptos. Se intervinieron teléfonos de agentes de la comisaría y aquella sospecha inicial desencadenó la Zamburiña, en la que cayó desarticulada la anterior unidad antidroga, con cuatro agentes acusados por proteger presuntamente a una red de diez supuestos traficantes que les facilitaban información que propiciaba incautaciones mejores. La UDEV, cuya tesis abrazan los agentes antidroga en su estrategia defensiva, relaciona los anónimos con la apropiación de las armas. "La intención del autor o autores de la nota tendría ánimo de venganza, y a la vez de beneficio personal, utilizando mentiras y creando pruebas falsas".

Las pesquisas siguen, bajo batuta de la unidad policial interna, sin imputados y de momento por escrito.