Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) evitará un desembolso millonario al Concello de Ourense, unos 11 millones de euros, en relación con la reclamación patrimonial que había presentado en su momento una empresa por la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2003 que afectaba a los terrenos que se encuentran en la zona de A Farixa, colindantes con la Finca Sevilla, en donde estaba prevista la implantación de una gran área comercial.
El alto tribunal gallego desestima el recurso de apelación interpuesto por Desarrollos Comerciales de Ocio e Inmobiliarios de Ourense S.A., contra una sentencia del juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Ourense, de 24 de febrero de 2017, que anuló el acuerdo adoptado por el Concello que recogía el abono de una indemnización por los gastos de honorarios profesionales y tasas de licencias.
Eso lleva consigo que con la nueva resolución judicial, que daba a conocer ayer el alcalde en funciones, Jesús Vázquez, en su comparecencia posterior a la reunión de la Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento no debe abonar indemnización alguna, ni en la cantidad que había solicitado la empresa como la que se había aprobado por parte del gobierno municipal.
En relación a este asunto, el concejal de Urbanismo en funciones, José Cudeiro, explica a FARO que se trata de dos expedientes, relacionados con los terrenos en los que estaba previsto que se implantase Eroski, llegado a realizar movimientos de tierras, aunque con la caída del planeamiento urbanístico de 2003, se produjo la correspondiente reclamación patrimonial al no poder ejecutar el proyecto.
Eso llevó consigo la presentación de un contencioso administrativo, que se había resuelto con la devolución de las cuantías económicas relacionadas con el importe de los proyectos y el pago de las tasas, que ascendía a algo más de 200.000 euros, que contemplaría esa reclamación patrimonial, y cuya cuantía económica difería sustancialmente con la que se había presentado por la empresa.
Pero como en ese proceso también estaba inmersa la Xunta, que a la postre, en colaboración con el Concello, presentó un recurso sobre esa resolución ante el TSXG que ahora viene de resolver, con una sentencia que libera a la Administración local de tener que abonar cantidad alguna.
Es una de las últimas reclamaciones patrimoniales por la caída del PXOM de 2003 que estaban pendientes, con una indemnización millonaria que de ser desfavorable supera los 11 millones de euros, a la que se le habría que añadir los intereses de demora.
Una más en la lista
Una vez que el Tribunal Supremo tumbó el planeamiento de 2003, las reclamaciones patrimoniales se sucedieron, y sumaban cantidades millonarias, como alertó en su momento el anterior gobierno socialista, llegando a alertar de que si prosperasen podrían "causar la ruina del concello", aunque con posterioridad, y en función de las sentencias del alto tribunal gallego, se rebajó esa incertidumbre una vez que se fueron desestimando esas reclamaciones.
Lo importante para el responsable de Urbanismo es que, además de estas sentencias favorables a los intereses municipales, que considera de especial relevancia, se pueda aprobar un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, ya que se encuentra vigente el de 1986, con lo que eso supone para el futuro desarrollo de la ciudad.
En cuanto a la notificación del TSXG por el recurso que presentó DO contra la aprobación provisional del nuevo PXOM por la Junta de Gobierno Local, Cudeiro señala que se le remitirá en plazo, que es de 20 días, el expediente solicitado en formato digital.
