De los 11 acusados por un presunto caso de fraude de subvenciones de la Unión Europea en una planta de biomasa y otras obras en Arnoia, hace 20 años, son finalmente 4 los que se exponen a lo que determine en sentencia la Audiencia Provincial. El exdelegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, por aquel entonces alcalde de ese municipio, continúa en el banquillo junto a otros tres encausados: Pablo F. L. (secretario de A Arnoia, Beade y la Mancomunidade de O Ribeiro), Juan Emilio A. E. y Gumersindo Á. R. Contra los otros 7 encausados, la sala anunció ayer la extinción de la responsabilidad por prescripción de los delitos de fraude y falsedad -en la modalidad entre particulares- que se les atribuía. Además, la Audiencia de Ourense descarta los delitos de prevaricación y fraude y exacciones ilegales. El tribunal analizará, para cada uno de los 4 acusados, los presuntos delitos de falsedad documental, malversación y fraude en subvenciones.
Rogelio Martínez negó irregularidades ni que existiera por ninguna parte intención de malversar el dinero de los fondos comunitarios. "En ningún momento", aseguró en su interrogatorio. "La voluntad era atraer inversiones para ejecutar proyectos y utilizar las subvenciones que venían de Europa". El propósito era "buscar el desarrollo" de Arnoia -en la actualidad, un municipio de menos de mil habitantes- a través de esas iniciativas. Además, aprovechando que era "un momento ideal" tras la inauguración en 1995 del balneario y la promoción de viviendas de protección oficial.
Martínez, que presidía el grupo de acción local que tramitó los proyectos, Ceivam, afirma que se enteró a posteriori de que "había diferencias entre lo proyectado y lo ejecutado", una vez que la agencia Agader de la Xunta comunicó que llevaría a cabo una inspección.
La acusación ejercida solo por una asociación ligada al PSOE sostiene que la planta de biomasa proyectada sino que se rehabilitó un galpón ya construido, y considera que Rogelio Martínez sabía que los promotores no cumplían los requisitos para acceder a las ayudas y no habían destinado los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. El exdelegado territorial alegó ayer en juicio que su función no era "conocer los pormenores ni las unidades de obra", sino que la inversión se ajustara a la finalidad.
En Ceivam, que se fundó en 1993, se integraban concejales, entidades, sindicatos y asociaciones para gestionar fondos europeos. La planta "realmente era una nave para incentivar que se sacara biomasa de los montes de Arnoia para su uso como abono en explotaciones". Martínez, que dijo que en el municipio "non se movía nada que non o vira eu" -en aquel momento era alcalde, vicepresidente de la Diputación y responsable de la Mancomunidade de O Ribeiro- concluyó que "quizá es demasiado pomposo hablar de una planta de biomasa pero era la manera de conseguir la subvención. Con ese nombre recibimos los vistos buenos, desde Santiago hasta a Europa. Seguramente con otro nombre no seríamos capaces".
"Para nada", dijo, era su función revisar si la ejecución final coincidía con el proyecto. El control previo correspondía, según Martínez, al gerente -el acusado Juan Emilio A. E.- y al responsable administrativo y financiero, Pablo F. L. En su opinión, la obra cofinanciada con fondos Leader II cumplió la finalidad: sacar combustible del monte para crear biomasa orgánica y dedicarla a la agricultura. Según Martínez, se llegaron a hacer ventas a particulares que la usaron de abono. Sobre obras que también se cuestionan en talleres de artesanos, como la falta de urbanización en uno, Martínez asegura que sí llegó a realizarse, aunque con retrasos porque debía esperar a la ejecución de un vial y de un hotel.
El acusado Pablo F. L. alegó que su función era controlar el expediente, velar por que incluyera la documentación exigida y por que se efectuaran los pagos mediante transferencia bancaria. "No era mi función y no sabía si el proyecto se había ejecutado en su totalidad. Mi control era administrativo. Mi función no era visitar las obras", manifestó en su interrogatorio. Según este encausado, "la comprobación de que se realizó la actividad" era "una de las funciones del gerente", aparte del director de la obra, que no se encuentra entre los acusados finales en el proceso por prescripción.
El gerente aludido de Ceivam, Juan Emilio A. E., que en la actualidad ejerce en el grupo de acción local de O Ribeiro-O Carballiño, esgrime que no existió "ningún informe negativo" a ningún proyecto presentado y que, sobre el control de las obras, él recogía las explicaciones del director técnico. "No certifico las obras, vamos al sitio, comprobamos que existe, ponemos lo que dice el técnico y comprobamos que la factura es legal". En su opinión, la nave de biomasa "cumplía la finalidad" del proyecto. Los acusados discuten la inspección de Agader. El técnico que acudió al lugar "medía en pasos, Ceivam pidió una nueva visita a Agader pero dijeron que ya no procedía. Había máquinas que decían que no estaba pero sí", escribió Juan Emilio.
Gumersindo Á. R. era el administrador de Actuar, una entidad coparticipada por el Concello -al 50%- y 12 particulares, concebida para impulsar servicios, actividades culturales, turísticas y promoción del empleo en el rural, que solicitó la creación de la planta de biomasa. Con cargo a fondos europeos ya habían desarrollado un albergue y una hípica. La generación estiércol satisfaría la demanda para los caballos. Pero, según el acusado, la intención era además que se aprovechara la masa forestal por parte de los viticultores o productores de pimientos, productos estrella de Arnoia.
Gumersindo reconoció ayer que la discutida obra partió de una nave ya existente. "El técnico dijo que se podía aprovechar pero sería como tirar y hacer una nueva. Me dijo: no pienses que vas a ahorrar porque está muy mal". El galpón "hubo casi que reconstruirlo, no tiene nada que ver con lo que había", reiteró. En su opinión, la obra "cumplió" los requisitos. "Nos valió de maravilla".
El constructor defiende la obra
La vista finaliza hoy con las últimas testificales y el informe de conclusiones de las partes. Ayer el fiscal, que pide la absolución, interrogó y los 4 acusados finales declinaron responder al abogado de la acusación popular, ligada al PSOE. El constructor de la discutida planta, uno de los siete absueltos por prescripción, quiso declara para dejar claro, según él, que la nave previa "estaba totalmente deteriorada, en estado ruinoso". afirma incluso que perdió dinero y que "hubiera salido más barato" demoler la edificación previa. El constructor asegura que se hizo un movimiento de tierras de más de 2.000 metros cúbicos y que estuvieron trabajando tres albañiles, un camionero y un palista a lo largo de dos meses.
