La información facilitada el pasado 16 de mayo por el gabinete de comunicación, dando cuenta de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, relacionada con el auto el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 sobre el edificio emplazado e la confluencia de las céntricas calles Xocas y Cardenal Quevedo, llevará a que la promotora del inmueble interponga una demanda por entender que no se ajusta a la realidad.
Así, según la nota oficial del Concello, el juzgado "obliga a los propietarios del edificio a ejecutar los cambios en la obra en un plazo de tres meses y a no ocupar el inmueble, viéndose obligado el Concello, de no hacerse, a actuar de forma subsidiaria". Sin embargo, la realidad de la situación es bien distinta, como ponen de manifiesto, con el correspondiente auto, los representantes de la promotora, Benito López González, S.A.
En el mencionado auto, la magistrada estima íntegramente la petición de la promotora, y acuerda la "suspensión de la ejecución del decreto de 29 de octubre de 2018 del concejal delegado de Urbanismo, José Cudeiro, en el que se obliga a los propietarios del edificio a ejecutar los cambios en la obra en un plazo de tres meses. Una resolución del Concello contra la que la promotora promovía dos recursos contencioso-administrativos.
Uno de ellos en contra de la denegación por parte del concello de la licencia de ocupación, que en estos momentos se encuentra en tramitación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, con fecha de juicio señalada y pendiente de celebración, que se viene a sumar un segundo, a raíz del expediente de reposición de la legalidad tramitado por el Concello, que daba lugar al procedimiento que se tramita en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, relacionado con las medidas cautelares, en las que la magistrada acepta la petición realizada por la promotora, y no como se aseguró por parte del Concello en su comunicación oficial.
Expedientes administrativos
Es por eso que por parte de la promotora, y sin perjuicio de los futuros pronunciamientos judiciales que puedan recaer, deja claro que ninguno de los procedimientos en litigio se había resulto en cuanto al fondo de la cuestión que está en discusión en cada uno de ellos, ni se ha ordenado por el juzgado la ejecución de obra alguna, como se aseguró por parte del Concello en su comunicación oficial, más bien todo lo contrario, ya que se suspende la ejecución de todos los pronunciamientos del decreto del concejal de Urbanismo, por lo que "veta" cualquier actuación por parte del Concello.
Lo que se lamenta por parte de los representantes de la promotora es que "no es la primera vez que sale información relativa a la obra del edificio referida a los expedientes administrativos tramitados que no siempre son exactas", como acontece en este caso, en el que se plasma en una nota oficial de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local del pasado 16 de mayo.
Dicho lo cual, la dirección de la promotora entiende que ante los intereses en juego y por tratarse de "asuntos tan delicados y de especial relevancia", debe "puntualizar, aclarar o completar" la información que se daba por parte del concello. Y aunque reconocen que evitó entrar en estas polémicas, entiende que en este caso concreto debía dejar claro los términos del auto judicial.
