Lo que también pone de manifiesto la dirección de la promotora, es que mantiene que el cauce adecuado para la defensa de sus derechos, que entiende "claramente vulnerados", debe mantenerse en el ámbito del procedimiento administrativo y, en su caso, acudiendo a la jurisdicción administrativa, como asegura que se hizo por su parte.

Pero la preocupación de la empresa, por todo lo sucedido, relacionado con el auto de la magistrada, y la versión dada desde el Concello, es la "alarma muy significativa y de todo punto innecesaria" que causó a aquellas personas eventualmente afectadas, tanto de forma directa como indirecta.

Y de nuevo reitera que por el momento están en curso los procesos judiciales, relacionados con la licencia de ocupación y los acuerdos adoptados por parte del Concello, y sobre los cuales prefieren evitar cualquier tipo de pronunciamiento, por entender que se deben sustanciar en el ámbito judicial, y de esa forma no generar ningún tipo de controversia. Aunque en este caso concreto, reconoce la promotora que no debía dejar patente que por parte del concello, en un comunicación oficial, no se había plasmado la realidad de una resolución judicial.