La jueza Eva Armesto acordó hace más de dos meses, el 8 de marzo, la citación en calidad de investigados de 6 exconcejales del PP de principios de los 2000, cuando gobernaba la ciudad el regidor Manuel Cabezas (1995-2007). La magistrada quiere escuchar la versión sobre su voto en comisión de gobierno a favor de uno de los 15 proyectos urbanísticos investigados en el caso del 10%, el que tras la denuncia de la exedil Áurea Soto (PSdeG) determina si hubo alguna irregularidad por que el Concello no hubiera exigido a determinado promotores ese porcentaje para fines públicos entre 1999 y 2003, un supuesto perjuicio para las arcas que el Consello de Contas cifró en 1,65 millones de euros. Pese a que la comparecencia de los seis exediles coincide con el fragor de la campaña, a solo tres días de las municipales, la jueza decide mantener el señalamiento. Según fuentes judiciales, no consta que ninguna de las partes haya justificado causa de suspensión y Armesto lleva semanas preparando los interrogatorios, porque el de este jueves es de los pocos días libres en su agenda. El partido no hace valoraciones sobre esta citación en plena campaña.

Los 6 exconcejales que comparecen con abogado este jueves ante la jueza son José Luis Rodríguez Cid, Enrique Nóvoa Poly, Francisco Javier Rodríguez-Nóvoa, Elena Rivo, Francisco Muñoz y Belén Girón. La magistrada, que sustituye a Leonardo Álvarez tras la querella de Soto al decano que lo apartó de la causa, los cita a todos por participar en la comisión municipal de gobierno, celebrada en fecha 20 de noviembre de 2003, que aprobó el proyecto de compensación del polígono urbanístico SU 38 ZONA 3-B, ubicado en la Avenida de Santiago.

La causa del 10% suma ahora un total de 8 personas investigadas, teniendo en cuenta al exalcalde Manuel Cabezas y el exconcejal de Urbanismo entre 1999 y 2003, Ricardo Campo Labrador. En un auto firme del finales del año pasado, la Audiencia Provincial confirmó la causa por el presunto delito de malversación de fondos en concurso con un delito de prevaricación.

Con el avance de la instrucción, la jueza identificó "la voluntad conjunta de todos los miembros del Ayuntamiento en continuar dando cumplimiento a al acuerdo de 1994 de no exigir el aprovechamiento tipo del 10 % a pesar de la modificación legislativa, con el consiguiente perjuicio para la corporación local, por cuanto supuso la sustracción de efectos o caudales del erario de la misma". Fiscalía y defensa argumentaban que no hubo informes negativos, orden directa de irregularidades y que existía un acuerdo del pleno de 1994 -gobernaba el PSOE- que acordó no reclamar las cesiones, con el informe del secretario. Además de alegar falta de culpa y prescripción sostuvieron que, de investigar a Cabezas, habría que hacerlo también con los integrantes de todos los órganos colegiados que se pronunciaron sobre los proyecto urbanísticos, labor que la magistrada asume.