21 de mayo de 2019
21.05.2019

Morenza dice que el expediente por la reclamación de Acuaes se envió al juzgado

- Advertía de multas por "deficiencias" detectadas - DO exige la comparecencia del alcalde o la edil

21.05.2019 | 01:38
Instalaciones de la nueva Depuradora de Reza, objeto de la reclamación de Acuaes. // Iñaki Osorio

Con un escueto "el expediente está en el juzgado y no hay más novedades" zanjaba la edil de Hacienda e Infraestructuras, y a su vez portavoz del gobierno popular, Ana Fernández Morenza, la polémica suscitada en relación con la reclamación realizada vía contencioso-administrativo de la empresa estatal Acuaes, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, por una cuantía económica de algo más de 4,2 millones de euros, relativos a la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en la zona de Reza.

En lo que evita entrar Morenza es sobre el escrito del propio juzgado reclamando de nuevo el expediente, debido a las "deficiencias detectadas", ya que se le había remitido la copia del mismo "sin foliar" y sin el necesario aval de un técnico municipal, con la expresa advertencia de la imposición de multas ante la demora en la remisión al juzgado.

La reclamación de Acuaes está directamente vinculada con el convenio que en su momento se firmó por parte de las tres administraciones -Estado, Xunta y Concello-, para la construcción de la nueva depuradora cuya gestión ya fue asumida por el Concello, en este caso a través de la concesionaria Aquaes, que lo realiza en precario después de que el contrato finalizase en octubre de 2018.

Las diferencias surgen con la liquidación realizada, toda vez que por parte del Concello no se quieren asumir determinados costes, aunque se recepcionaron las correspondientes facturas que entraron en el sistema municipal y forman parte de las que están pendiente de pago, con la incidencia que eso supone para el índice de morosidad, ya que durante el pasado año y en los cinco meses del presente se incumplió lo que establece la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, que fija en 30 días el pago de facturas, llegando algunos casos a ser superior a los 110 días, como reflejan los informes de la Tesorería municipal.

Comparecencia

Una situación que lleva consigo que por parte de Democracia Ourensana se anuncie que exigirá al alcalde Jesús Vázquez la inmediata comparecencia de la responsable del área de Infraestructuras, Ana Fernández Morenza, o en su defecto la del propio regidor.

Además de advertir que en ningún momento fueron informados de la situación, muestra su perplejidad al conocer, a través de la información publica por FARO, de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo había advertido al Concello con sanciones de no remitir "en tiempo y forma el expediente", por lo que queda clara la "falta de diligencia" en la actuación del gobierno popular.

Para DO "el colmo de los despropósitos" se produce cuando a principio de mes se tiene noticia de que el juzgado, en una diligencia remitida al Concello, "advierte ya de que las multas coercitivas podrían alcanzar incluso a la persona del propio alcalde y se extravía la notificación", lo cual justificaría la comparecencia urgente que exigen.

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