Manuel V. D., el cura de 78 años que gestionaba la parroquia de Seixalbo (Ourense), permanece investigado por un presunto acoso o unas presuntas coacciones -envió 671 mensajes de Whatsapp en 23 días, algunos de índole sexual, según la Policía Nacional-, tras comparecer ayer en el juzgado y mantener silencio tanto dentro como fuera del edificio. No respondió a los periodistas y se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado que lleva el caso, el titular de Instrucción Número 2 de la ciudad, Luis Doval. Sigue libre, como en todo momento del caso y sin medidas cautelares. La Fiscalía considera que no es necesario decretar una medida de alejamiento de la víctima.
Desde que trascendió la denuncia, el religioso, ordenado en 1969, fue suspendido por la Diócesis de Ourense de su labor pastoral. Era capellán en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), además de sacerdote en la parroquia de San Breixo de Seixalbo. El septuagenario investigado, que estuvo ingresado en la UCI y en agudos psiquiátricos, no hizo declaraciones ayer a la prensa, ni a su llegada ni a la salida. Ya había optado por el silencio cuando fue citado a comisaría, en marzo, tras la investigación a cargo de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), de la Policía Judicial.
La instrucción se puso en marcha hace semanas con la declaración del menor víctima. Después de la comparecencia hoy del investigado, se prevé la citación como testigos de dos educadores del centro en el que detectaron que el adolescente podía presentar un problema. Temían, en un inicio, que se tratara de una situación de bullying. Lo que la víctima sufría era, presuntamente, un acoso a través del móvil por parte del cura.
La calificación del delito todavía es provisional, depende del curso de la instrucción que queda pendiente. La Policía apuntó a un posible "stalking", un delito que se introdujo en el Código Penal con la reforma de 2015 y castiga las conductas de hostigamiento que causan una alteración en la vida cotidiana de la víctima. Esa infracción contempla posibles condenas de tres meses a 2 años de prisión, o multa. Fuentes del caso, sin embargo, ven más probable que los hechos se cataloguen como unas coacciones.
En paralelo, la Iglesia tiene abierto un proceso canónico. El expediente es instruido por un experto en derecho canónico. El obispo hará una valoración y comunicará el caso al Vaticano. La Congregación para la Doctrina de la Fe resolverá. Fuentes de la Diócesis explican que lo habitual es que el informe de la investigación eclesiástica incluya las conclusiones del proceso judicial.
