La decisión de la Audiencia Provincial de permitir que los dos culpables del brutal crimen de 'A Esmorga' continúen en libertad provisional hasta que la sentencia sea firme ya tiene contestación. La fiscal del caso, Rosa Tallón, registró ayer sendos recursos de apelación en los que pide que se deje sin efecto la resolución de la magistrada presidenta del tribunal, Ángeles Lamas, y se dicte una nueva para cada uno de los dos condenados en la que se acuerde la prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Tras dos semanas de juicio y dos jornadas de deliberación, un jurado popular determinó el pasado martes que la muerte de Alexandru Walter Boghiu (22 años), ocurrida el 20 de diciembre de 2014 en Boborás, fue un asesinato con alevosía cometido por Eduardo L.F. y Óscar E.L.. Ambos estuvieron en prisión preventiva un año y medio pero desde junio de 2016 permanecían en libertad provisional a la espera de juicio.

La acusación pública cree que ahora que se conoce el veredicto de culpabilidad el riesgo de fuga se agrava, dada la elevada pena a la que se enfrenan los dos condenados: de 15 a 17 años de prisión.

Conocido el martes el veredicto de culpabilidad, Fiscalía y acusación particular solicitaron el inmediato ingreso en prisión preventiva, pero la magistrada consideró que en ambos casos existe arraigo familiar y social y descartó el riesgo de fuga como único criterio para modificar su situación procesal. En el caso de Eduardo destacó que desde que se decretó su libertad provisional en 2016 ha atendido todos los requerimientos de la justicia; al igual que Óscar, que si bien las circunstancias en las que fue detenido en 2014 "apuntan a que pretendía huir", también ha estado a disposición de los órganos jurisdiccionales.

No obstante, replica la fiscal Rosa Tallón en el recurso de apelación, las circunstancias han cambiado para los dos acusados, ya que antes esperaban juicio oral y ahora son condenados. A su juicio, este es un dato "relevante" a la hora de valorar el riesgo de fuga porque, tal y como explica en su escrito, "finalmente quedó disipada la expectativa de un veredicto absolutorio en una causa en la que se ha emitido un veredicto de culpabilidad de un delito de asesinato con alevosía, y la imposición de una condena de 15 a 17 años de prisión". Esta circunstancia, sostiene la fiscal, "está indiscutiblemente ligada a las expectativas de los ya condenados sobre su situación procesal, de tal modo que se produce objetivamente un agravamiento de la inclinación del reo a eludir el cumplimiento de una condena de tanta intensidad aflictiva".

Así las cosas, señala, ponderando tanto el interés de los condenados de no sufrir una restricción de su libertad sin sentencia firme, como el interés general de asegurar el cumplimiento de la condena en caso de confirmarse esta, "es procedente la adopción de prisión preventiva como medida cautelar" al concurrir la existencia de "razonables sospechas de la comisión de un gravísimo delito y el riesgo de la sustracción de la acción de la justicia".

La representante de la acusación pública comparte la argumentación de la magistrada en sendos autos en referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional pero sostiene que tanto en Eduardo como en Óscar concurre el riesgo de fuga dada la naturaleza del hecho imputado (asesinato con alevosía) del que ya han sido declarados culpables, la gravedad de la pena a la que se enfrentan y que se fijará de forma "inminente" en la sentencia de la Audiencia, y la situación familiar y económica de ambos. En el caso de Eduardo, la fiscal destaca que "no tiene trabajo en la actualidad ni contacto con sus tres hijos", y Óscar "ha presentado un contrato de cuatro meses como peón forestal, no convive con su hija ni consta que tenga pareja". Su situación económica, con nivel bajo, apunta la fiscal en contra del criterio de la magistrada, no frena la posible fuga: "No les causaría ningún problema desaparecer del lugar en el que se encuentran en la actualidad, y comenzar una nueva vida con escasos medios económicos".