La morosidad se ha instalado en el Concello. Así lo revelan los último datos que se plasman en el informe del Servicio de Tesorería, al situarse en más de 60 días el pago de facturas a proveedores, frente a los 30 días que fija la ley. De ahí que se advierta por parte de la funcionaria responsable del servicio el "incumplimiento" de la normativa estatal. Algo que, por otra parte, no es nuevo, ya que fue una constante durante el pasado ejercicio de 2018, sin que el gobierno popular fuese capaz de reconducir una situación que afectó directamente a los proveedores.
Y así, después de que por parte del gobierno popular se intentase justificar una deriva de morosidad que fue aumentado según avanzó 2018, hasta llegar a sus índices más altos de demora en el pago de facturas, superando los 120 días, 90 puntos por encima de lo que establece la ley, los grupos de la oposición señalan directamente al alcalde, Jesús Vázquez, y a la responsable del área de Hacienda, Ana Fernández Morenza, como los principales responsables de la situación.
Lo que se reprocha tanto por parte de Democracia Ourensana, como de PSOE y Ourense en Común es que no se tuviesen en cuenta sus advertencias, así como las propuestas para cambiar una tendencia de morosidad que afectaba especialmente a las pequeñas y medianas empresas, principales proveedores del Concello, llegando incluso a poner en riesgo su continuidad. Una cuestión sobre la que alertaron tanto el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, como el de OUeC, Martiño Vázquez, al igual que el socialista José Ángel Vázquez Barquero, antes de dejar la portavocía de su grupo municipal y su acta de concejal.
Pero Fernández Morenza, que no dudó a finales del pasado año en trasladar la responsabilidad a la oposición, al indicar que "ya saben cuáles son las causas, y lo que deben hacer es apoyar la aprobación de las modificaciones presupuestaria", para que se bajase ese índice de morosidad. Pero al final, y aunque se aprobaron algunas de las modificaciones, la realidad es que la morosidad se mantiene en niveles altos, al superar el doble de días de lo legalmente establecido.
Así, el anuncio que hizo Morenza de que "de inmediato bajará el periodo medio de pago", una vez aprobadas en el pleno las modificaciones presupuestarias, no se cumplió, pues el presente ejercicio se iniciaba con reiterados incumplimientos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que entre sus objetivos tiene la de combatir la morosidad de la Administraciones Públicas, en este caso la del Concello.
Los reiterados retrasos en el pago de facturas llevan consigo que la cuantía económica que tenga pendiente el Concello supere los 7 millones de euros, lo que lleva consigo que por parte de los proveedores se puedan presentar las correspondientes reclamaciones, lo que supone que además de las cantidades adeudadas, por parte del Concello se tenga que hacer frente a los intereses de demora.
Una situación que se repite, y según tuvo conocimiento FARO, en estos momentos algunas áreas municipales están intentando regularizar con la firma de facturas de octubre del pasado año, seis meses después, sin que por el momento tengan garantía de se puedan abonar de inmedito.
