Tras desencadenar un terremoto en la comisaría de Policía Nacional de Ourense en noviembre de 2015, la operación Zamburiña que Asuntos Internos puso en marcha tras el robo de pistolas en el búnker y la recepción de un anónimo en noviembre de 2014 sobre una supuesta trama de corrupción policial -el caso de las armas se desligaría en otra causa, en marzo de 2016, al descartarse nexo alguno- llega a la fase de su resolución. El magistrado Leonardo Álvarez, de Instrucción 1, dictó ayer el auto de apertura de juicio oral, una resolución contra la que no cabe recurso. Cuatro policías acusados de proteger a 9 traficantes se sentarán en el banquillo, por supuesta "aquiescencia" con el trapicheo de sus confidentes. Uno de los capítulos de la enrevesada trama policial de Ourense llega de este modo a juicio. Continúa investigándose -y va para largo- la muerte en comisaría, ocurrida en abril de 2016, del agente Celso B. A., por la que están imputados por otra magistrada los gemelos Roy y Bernardo D. L. De 3 de las 6 pistolas robadas -la mitad estaban en el despacho donde apareció el fallecido- nada se sabe. El mismo juez Álvarez indaga aún el robo del búnker en otra causa. Por ahora, solo con análisis documental, sin nuevos imputados.
Los 13 encausados -contra otro investigado se archiva la causa en esta fase porque la Fiscalía no formuló acusación- afrontan penas que suman en su conjunto casi 100 años de cárcel. Todos están en libertad provisional por estos hechos. La fiscal presentó a finales del pasado mes de julio su escrito de calificación. Solicita 7 y medio para el exjefe antidroga, Antonio R.F., acusado de presuntos delitos contra la salud pública, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos. Pide para su compañero ya jubilado Felipe M.A. 7 años y 9 meses -añadiendo una acusación de tenencia ilícita de un arma que carecía de la guía obligatoria- y para Herminia Mercedes C.G., 6 años y 3 meses. La petición para los tres incluye multa de 300.000 euros por el delito de drogas así como inhabilitación absoluta durante 15 años, en el caso de Antonio R.F., y de 12 en el de los otros dos. El cuarto agente que irá a juicio es José Antonio R.F., acusado únicamente de una posible revelación de secretos por la que se enfrenta a una petición de 5.400 euros de y 2 años de inhabilitación.
Entre los presuntos traficantes implicados, la principal es Josefa P.G., alias Pucha, acusada de pertenencia a un grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de una defensa eléctrica (catalogada como un arma prohibida), para quien la fiscal solicita la pena más abultada: 13 años de prisión. Dice el juez en su auto definitivo que "se dedica al tráfico de sustancias estupefacientes, fundamentalmente cocaína, llegando incluso a vender cocaína a sabiendas de que la misma se encontraba en mal estado". Presuntamente lideraba uno de los dos grupos identificados en la trama, con el centro de operaciones en el barrio de Covadonga, que se completa con su pareja R. E., M. B.G., X. X. B.F. y J. V.V., alias Josito, como el supuesto proveedor habitual de la droga. El segundo grupo, supuestamente encabezado según la investigación por J. R. R.R., apodado Tronquito, estaría integrado por E. G.D., F. J. G. C. y M. F. G. M.
"Organizar entregas"
Según el juez, el exjefe antidroga acusado "no realizaba ninguna actuación orientada a perseguir o a investigar a dicha organización, al contrario les otorgaba protección a cambio de información que le permitiese completar con éxito operaciones policiales dirigidas contra competidores de Josefa P., llegando incluso esta última a organizar entregas con competidores para facilitar operaciones exitosas a Antonio", expone el auto.
La Zamburiña se basa en que el grupo de policías que irá a juicio "no sólo se limitaba a no investigar a las personas protegidas, sino que además les llevaba a informarles de cualquier investigación que sobre ellos pudiesen estar llevando a cabo otras unidades de cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado". Reitera el magistrado que estos policías "a sabiendas de que estas personas se dedican al tráfico de estupefacientes, no dirigen ninguna investigación sobre ellos, siempre a cambio de obtener información que les permitía completar con éxito operaciones contra personas que les hacían la competencia".
Añade el auto que J. R. R. R. "tenía en su poder un arma corta sin la correspondiente licencia, siendo perfecto conocedor de esta circunstancia Antonio, sin que este, una vez más, hiciese nada para perseguir este delito, llegando incluso a realizar gestiones para conseguir que en un momento dado que recuperase la referida arma porque se la había dejado a R. E. y este no se la quería devolver, hecho también conocido por Felipe", relata.
El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial por las elevadas penas que se solicitan. Tras el auto de apertura de juicio oral llega el turno de los escritos de defensa, ante el propio juzgado instructor. La causa se remitirá después al tribunal enjuiciador. Fuentes del mismo barajan finales de año o principios de 2020 para la celebración de este proceso a la anterior labor antidroga de la comisaría de Policía Nacional de Ourense.
