Un grupo de vecinos de Santa María de Macendo, en Castrelo de Miño (Ourense), ha decidido ponerse en pie ante, lo que denuncian, un posible caso de falsedad documental y apropiación indebida en el seno de la Asociación de Mulleres Rurais de la parroquia.
Varias mujeres del pueblo alegan que desde el año 2009, esta agrupación ya no desarrolla ningún tipo de actividad para fomentar la vida en el rural. Sin embargo, tanto la Xunta de Galicia como la Diputación de Ourense han continuado aportando subvenciones anuales a este colectivo. La adminitración gallega, apelada por los vecinos, se desmarca alegando que no les compete a ellos controlar la asistencia a los cursillos ni hacer un seguimiento de las facturas.
La normalidad estalla en ese mismo 2009, cuando la vicepresidenta, la secretaria y la tesorera, Emilia Iglesias, Manuela Cortizo y Purificación Gómez, respectivamente, deciden abandonar la asociación, según han relatado a FARO a través de un escrito grupal, "ante la gran cantidad de irregularidades detectadas". Afirman que "el importe de la factura del teléfono fijo y del móvil de la presidenta, Purificación Pereiras, se cargaba en la cuenta de la agrupación", una práctica extendida a las "prendas de ropa".
La gota que colmó el vaso fue la negativa de Pereiras a presentar las cuentas anuales, que acabaría desglosando delante del vecindario, pero incompletas. Con todo, estas dimisiones no acabaron siendo aceptadas porque la máxima responsable les habría dicho por entonces que "la asociación carecía de actividad debido a la falta de subvenciones por parte de la Xunta y la Diputación", la primera disyuntiva.
Lo cierto es que desde ese supuesto cierre de la asociación y hasta 2018, la Secretaría de Igualdade e Administración Local sí habría aportado a las arcas de las Mulleres Rurais, a tenor de lo que consta en el Diario Oficial de Galicia, un total de 13.354 euros -amén de las facturas de la luz, que también se cargaban al propio organismo regional-, aparte de lo concedido por la administración provincial, que los denunciantes calculan en dos partidas de 3.000 y 1.200 euros.
La sorpresa aflora cuando estas tres mujeres se enteran a través de la Xunta que, hasta el 2016, cada una de ellas seguía constando con los puestos que habían decidido abandonar hace 7 años. Es entonces cuando observan que sus firmas están supuestamente falsificadas tanto en varios documentos bancarios como en el acta de sus ceses, donde figura el nombre de dos firmantes más, una de ellas, Purificación Pereiras. A raíz de este suceso, se presentó una denuncia en el Juzgado de Ribadavia el mes pasado, aunque todavía sigue a la espera de ser aceptada a trámite o no.
"No sabemos si esas dos personas fueron las que cometieron la falsificación, supuestamente con la finalidad de apropiarse dinero", declara a FARO el abogado de las damnificadas y del grupo de vecinos. Para él, "se ve que están dibujadas, pintadas, no hace falta perito, se ve claramente por la inclinación de la escritura y algunas letras", sostiene.
Este podría ser el hilo principal del que tirar para comprobar más tarde "cómo se retiró el dinero de los bancos", con qué rúbricas: "Si a eso le sumas que esta gente siempre ha dicho que se habían acabado las subvenciones y de repente preguntamos y vemos que desde 2009 se lleva recibido un montón de dinero... hay que dar cuenta de ello", finaliza.
Por su parte, Purificación Pereiras ha negado todo de cuanto se le acusa tras ser entrevistada por FARO, y alega que se trata de una coartada de un núcleo de los vecinos contra ella: "Hubo un rifirrafe por culpa de una miserable fiesta de la parroquia, me salí para no formar jaleo, les molestó tantísimo que van por la asociación, por el velatorio y por todos los sitios donde yo esté, no es por las firmas ni por lo que hacemos, es todo por un problema en contra de mí".
Sobre la actividad de las Mulleres Rurais, afirma que la entidad sí está abierta: "Lo único que he hecho es mirar por las mujeres y por la gente mayor, que las he sacado de paseo a todos los sitios de Galicia y norte de Portugal, hemos hecho magostos, reuniones... y trabajé como una negra, no tengo nada que esconder".
Denuncia además la actitud de los que le recriminan lo contrario: "Ahora estos desgraciados solo quieren jaleo, que nunca han hecho nada por la parroquia, eso es lo peor y lo más triste", destaca.
La presidenta asegura que "entre 45 y 55 mujeres forman parte de la asociación desde 2009", y que "este año se volvió a cambiar parte de la directiva -ella continúa-, ya que anualmente hay una reunión y se convocan elecciones a las que accede quien quiera porque hay una libertad total".
Al respecto del desvío de las ayudas económicas de las administraciones, esgrime que este "dinero siempre se ha invertido en la gente de Macendo" y niega cualquier falsificación de las firmas: "Lo digo con la mano en el corazón que no se han falsificado".
Con todo, los vecinos han grabado una conversación, a la que tenido acceso FARO, en la que supuestamente esta mujer admite que ha sido ella la autora de estas rúbricas ajenas. Ahora será la justicia la que decidirá si avanzar en la causa.Velatorio de Macendo
Otro frente abierto: el velatorio de Macendo. La presidenta de la asociación era la responsable a la vez de la gestión de este servicio desde que la Diputación de Ourense -sobre los terrenos pagados por la vecinanza- remató su contrucción en el año 2005 bajo el amparo, precisamente, de la agrupación de mujeres. Pero desde ese 2005 y hasta este año, Pereiras ha seguido supervisando la actividad del velorio, y, según los vecinos, apropiándose de diferentes cantidades de dinero.
Precisamente, en enero se le cedieron las llaves del lugar a la teniente alcalde de Castrelo de Miño por el BNG y candidata por este partido al Congreso, Rita Lago Ozores, algo que molestó a parte del vecindario por no ser consultado ni consensuado con ellos previamente. Esta, a su vez, derivó las labores estrictas de recaudación a otra persona.
La realidad es que los estatutos de Mulleres Rurais no contemplan en ningún punto la potestad de este organismo sobre el velatorio, pero Pereiras lo justifica alegando su "pelea para conseguirlo y su dedicación libre de interés" para ocuparse "de la gestión y del papeleo con la Diputación en su momento" sin tener "ni un solo céntimo" cuando se fundó.
Para atajar legalmente esta problemática y hacer constar en los escritos de fundación la gestión del velorio, la parte contraria levantó en diciembre del 2018 una nueva Asociación de Veciños da Parroquia de Santa María de Macendo. A través de un letrado, se le habría solicitado a Pereiras un trato amistoso, pero que, a tenor de lo que aclaran a FARO, terminó en una respuesta con "amenazas".
Según los propios vecinos, la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, y la presidenta de Fademur Galicia (Federación de Asociacións de Mulleres Rurais), Rosa Arcos, han intentado mediar con la presidenta de Femuro (Federación de Mulleres Rurais de Ourense), Isabel Garrido, para tratar de alcanzar una vía que desatascase esta situación, sin solución por el momento.
Sin embargo, Garrido desmiente esta información y niega tener nada que ver en medio de esta disputa entre dos partes.
