El gobierno local seguirá adelante con su hoja de ruta y podrá aprobar de forma provisional el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) después de que así lo avalase el jefe de la asesoría jurídica en el informe emitido, como confirmó el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, y del que daba cuenta a la oposición en la junta de área. El edil destaca que en el mismo se analizan diferentes cuestiones, tanto el informe emitido por el Consello Consultivo de Galicia, sobre el que pivota el gobierno para seguir adelante, como el del interventor, que, como advierte, "llegó fuera de plazo y entra en cuestiones que no son de su competencia".
Lo importante para Cudeiro es que la asesoría jurídica coincide con el Consello Consultivo de Galicia en que "es un procedimiento adecuado" que el alcalde, Jesús Vázquez, lo pueda aprobar provisionalmente, aunque finalmente será la Junta de Gobierno Local, por entender que "cuenta con mayor seguridad jurídica", indica. En cuanto a las previsiones, el responsable de urbanismo baraja para esa aprobación provisional el 25 de abril o el 2 de mayo, ambos jueves, cuando tiene fijadas sus reuniones la Junta de Gobierno. La única duda está en función del informe que deberá emitir el jefe del servicio de Planeamiento Urbanístico, que en el inicial coincidía con el que acaba de elaborar la asesoría jurídica.
Competencia
Para Cudeiro, tiene especial relevancia que el jefe de la asesoría jurídica asegure que el alcalde tiene competencias para su aprobación, y hace referencia a modificaciones legales, entre otras la nueva Lei do Solo de Galicia, así como otras consideraciones que esgrimía el Consello Consultivo de Galicia. Además de pronunciarse sobre otra cuestión que está generando controversia, como son las modificaciones realizadas en el documento y que pueden determinar que se deba iniciar un nuevo proceso de exposición pública.
El asesor jurídico coincide con el jefe del servicio de Planeamiento Urbanístico al señalar que "no son modificaciones sustanciales", por lo que no considera necesaria una nueva exposición pública, con lo que se descarta ese planteamiento realizado por el grupo de Ourense en Común, que llevó a pleno una propuesta en ese sentido y fue rechazada por los otros tres grupos políticos.
Sostiene Cudeiro que la hoja de ruta que "nos marcamos cuenta con cuatro informes que la avalan -dos del jefe de Planeamiento Urbanístico, el del Consello Consultivo de Galicia y ahora el del jefe de la asesoría jurídica- y por eso seguiremos adelante para la aprobación provisional". Es por eso que "lo antes posible pretendemos remitir el documento a la Xunta para que emita el informe preceptivo y vinculante". La previsión es que se demore por espacio de tres meses, con lo que se remitiría en julio, con nueva corporación y gobierno municipal.
En lo que incidía el concejal de Urbanismo, una vez más, es en que la aprobación definitiva del nuevo documento urbanístico, que vendrá a sustituir al que se encuentra actualmente en vigor, con más de 33 años, al aprobarse en 1986, y después de que se anulase el que se había aprobado en 2003, corresponde al pleno del Concello.
Lo que tiene claro, a poco menos de un mes de que se celebren la elecciones municipales del 26M, y como se desarrollaron las cosas en lo que se refiere al "bloqueo" del nuevo plan por la falta de acuerdo con la oposición para sacar adelante el documento, es que "lo que queda de mandato vamos intentar avanzar en el proceso".
Las únicas opciones que tenía el grupo popular, que gobierna en minoría con diez concejales, era llegar a un acuerdo con los socialistas, con seis ediles, con lo que superarían la mayoría necesaria de 14. Sobre esta cuestión Cudeiro mantiene que "el plan es el mismo que dejó aprobado inicialmente el gobierno del PSOE a finales de 2013", eso sí, reconociendo que se introdujeron modificaciones que "cuentan con informes favorables de los técnicos municipales y del equipo redactor del plan".
Una versión con la que discrepan los socialistas, que acusan al edil de Urbanismo y al gobierno popular de "pegar un cambiazo", y ese es el motivo que les lleva a rechazar de forma sistemática el apoyo para que se llevase a pleno la aprobación provisional y luego a definitiva, una vez la Xunta emitiese el correspondiente informe.
La otra opción pasaba por alcanzar un acuerdo con el principal grupo de la oposición, Democracia Ourensana, con ocho ediles, pero se quedó en un amago, al denunciar que se "sintieron engañados" por el gobierno al no retirar los "pelotazos urbanísticos, como las torres de Copasa y en la finca Diputación".
