05 de abril de 2019
05.04.2019

El jefe de 'Las 5 Jotas' cierra el círculo judicial con una condena por delito urbanístico en Cea

Costas, con casi un centenar de sentencias, se conforma con 6 meses de prisión y una multa que no pagará por insolvencia -La defensa pedirá la refundición de penas de su retahíla de procesos

05.04.2019 | 02:31
José Manuel Costas, ayer, en el banquillo del Penal 2 de Ourense. // Iñaki Osorio

José Manuel Costas, el empresario vigués implicado en el mayor fraude fiscal con facturas falsas detectado en Galicia, como cabecilla de 'Las 5 Jotas', sumó ayer una nueva condena en Ourense que engorda su amplio historial. Es la última causa que tenía pendiente antes de su larga huida de la justicia. Un delito urbanístico en el municipio de San Cristovo de Cea se salda con una sentencia de conformidad de 6 meses de prisión, multa de 2.160 euros que no satisfará por su insolvencia -se sustituirá por trabajos en beneficio de la comunidad u otros 6 meses de prisión adicionales-, más una reponsabilidad civil de 10.545 euros, otra cifra que en principio no llegará a pagar. El juicio con el que este hombre de 52 años cierra el círculo de sus numerosas cuentas con la justicia se saldó ayer con acuerdo en el Penal 2 de Ourense. Quedó suspendido cuando el acusado se encontraba en situación de rebeldía, en busca y captura.

Más de 80 juicios se habían saldado en su contra antes de que eludiera la acción de la justicia. En junio de 2018, José Manuel Costas fue detenido en Portugal. Finalizaba una fuga de dos años. Fue extraditado el 5 de julio por el puesto fronterizo de Badajoz e ingresó en una prisión de esa ciudad hasta que el 1 de agosto fue trasladado a la cárcel pontevedresa de A Lama. Acumula casi un centenar de procesos que derivaron en condenas.

Dieciocho ejecutorias penales

Su actual defensa, Xoán Antón Pérez Lema, cifra en 17 -18 con la de ayer- las ejecutorias contra José Manuel Costas. El abogado pedirá la refundición de penas ante el Penal 2 de Ourense, al ser el último tribunal sentenciador. El letrado estima que el total de cumplimiento efectivo de cárcel por parte del empresario se situará en unos 6 años.

El acuerdo de conformidad por el delito urbanístico en Cea incluye un año de inhabilitación para cualquier oficio relacionado con la construcción. Un empresario que estaba coacusado quedó absuelto en el acto de conformidad celebrado ayer, tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas.

Los hechos por los que Costas fue a juicio este jueves, desde prisión, se remontan a finales de 2010. La causa se inició en el juzgado de O Carballiño a partir de una querella de la Fiscalía. El acusado, cuando era administrador de Las 5 Jotas y de una promotora, ejecutó la explanación y excavación de una parcela, así como la construcción de muros de contención de piedra, con la finalidad de instalar una edificación para exposición de casas de madera por parte de su empresa.

Hizo la obra en Fondo de Cea, en el municipio de San Cristovo de Cea. La construcción consiste en una planta rectangular de 85 metros de largo por 25 metros de ancho, con unos huecos abiertos en el muro que serían las ventanas de la futura edificación.

Según se considera probado con el acuerdo de conformidad, José Manuel Costas llevó a cabo la obra a sabiendas de que carecía de la preceptiva licencia municipal así como de la autorización urbanística de la Xunta. La edificación se ejecutó en terreno clasificado como suelo rústico de protección ordinaria. La obra no era ilegalizable.

La Fiscalía dice que cuando tuvo conocimiento de que el proyecto sería fallido, Costas cesó en su cargo de administrador de una sociedad promotora, en la que fue sustituido a finales de junio de 2011 por el empresario coacusado. Este finalmente queda absuelto después de que la fiscal retirase ayer la acusación en el acto del juicio, porque el delito urbanístico se cometió cuando él no tenía responsabilidad en la empresa ni en los hechos.

En un principio, el ministerio público solicita una condena de un año de prisión y una multa mayor. El acuerdo rebaja a la mitad la pena por el delito contra la ordenación del territorio. La cifra de 10.545 euros de la responsabilidad civil es el importe de lo que costaría la demolición de la construcción ilegal.

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