31 de marzo de 2019
31.03.2019

El juzgado cita al Concello por la reclamación de 4,2 millones de Acuaes por impagos

La sociedad estatal acudió al Contencioso-Administrativo en 2018 ante la deuda de cantidades por la construcción de la EDAR - Se había firmado un convenio para las obras de la nueva instalación

31.03.2019 | 04:41
Instalaciones de la actual Estación Depuradora de Ourense, ubicada en la zona de Reza. // Brais Lorenzo

El Juzgado Contencioso-Administrativo Número 1 acaba de citar al Concello en calidad de demandado en el procedimiento interpuesto por la empresa estatal Aguas de las Cuencas de España SA (Acuaes), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, relacionado con el impago de 4,2 millones de euros relacionados con "las obligaciones" del convenio firmado en su momento para la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), ya en funcionamiento, ubicada en la zona de Reza. Una comunicación de la que tuvo conocimiento la Junta de Gobierno Local en la pasada reunión del jueves.

Es la secuencia procedimental que se sigue, y que había adelantado FARO en su edición del 19 de octubre de 2018, en la que se daba cuenta de la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Concello, escrito al que tuvo acceso, para que se proceda a dar debido cumplimiento a las obligaciones económicas asumidas en virtud del convenio suscrito en su momento entre la propia sociedad estatal Acuaes, la Xunta -a través del organismo autónomo Aguas de Galicia-, que ya abonó las cantidades fijadas, y el propio Concello, para la ejecución y explotación de las obras de mejora del saneamiento: EDAR de Ourense, cuyo importe se cuantificó en más de 4,2 millones.

En el recurso presentado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se deja constancia de que "esa cantidad (los más de 4,2 millones de euros) pendiente de pago se reclama, sin perjuicio de los ajustes que sean precisos, caso de acreditarse el pago parcial de las cantidades adeudadas que la minoren o de devengarse, desde el requerimiento efectuado y durante la tramitación del procedimiento",. Eso lleva consigo que puede llevar a nuevos intereses que serán oportunamente cuantificados y liquidados, hasta que tenga lugar el completo pago de la deuda que se reclama.

Varias reclamaciones

Sobre la situación de impago, toda vez que por parte de la sociedad estatal se habían remitido las correspondientes facturas sin que fuesen abonadas, como así se plasma en varios informes de la Tesorería municipal relativos a la morosidad, pueden incrementar sustancialmente la cuantía económica que se fija en el escrito. Así, el consejo de administración de Acuaes acordó en su momento que habiendo realizado la reclamación del pago de las facturas pendientes en concepto de "abastecimiento y saneamiento de Agua de Ourense", mediante "diferentes e infructuosos escritos", se reitera tal requerimiento, que se efectuó el 10 de mayo de 2018 para que se procediese a dar debido cumplimiento a las obligaciones económicas asumidas en virtud del convenio firmado en su momento.

Pero el tiempo fue pasando, y después de un requerimiento formal del 13 de julio de 2018 al Concello, con "expreso apercibimiento y manifestación de que si en el plazo de tres meses, desde la fecha de reclamación, por parte de la administración local no se hubiera procedido a realizar el pago de los importes pendientes, o no se hubiera llegado a un acuerdo con Acuaes, se procedería a la reclamación legal de la deuda, formalizando el oportuno recursos contencioso-administrativo contra lo que considera una clara y manifiesta "inactividad" del Concello.

Sobre esta cuestión ya advertía el interventor municipal en su informe de fiscalización del proyecto de presupuestos del gobierno popular para 2018, y que finalmente no se llegó a llevar a pleno ante el rechazo en bloque de los grupos de la oposición, que cuentan con la mayoría, al señalar que no se tienen en cuenta en esos presupuestos la reclamación que Acuaes le hace al Concello en lo que debe aportar por la construcción de la nueva EDAR.

Pero ni la advertencia del interventor, ni los escritos remitidos por parte de Acuaes, llevaron consigo que por parte del gobierno popular se adoptase una decisión al respecto, y las facturas que conforman la reclamación pasaron a formar parte de la lista de pagos que sigue teniendo el Concello, que durante el pasado año incumplió el periodo medio fijado por ley que es de 30 días.

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