Los problemas en torno al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) se suceden. Así, el informe de fiscalización que emitió el interventor municipal es "disconforme" con el documento, como así lo reconocía ayer el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, después de que reclamase la remisión del expediente al haber cumplido el plazo de tres meses que contempla la ley para emitir el mencionado informe.

Así Cudeiro no dudó en criticar que el informe "llegue fuera de plazo", y añadió que es "extemporáneo" y que en el mismo el interventor hace referencia a "cuestiones que no le competen". Además, amplificó sus críticas, en el sentido de que "tuvo tres meses para entregarlo, y no se entiende que se haga en dos días y que sea negativo".

Pero lo que deja claro el responsable de Urbanismo es que "eso no varia la hoja de ruta que se marcó el gobierno", por lo que el expediente, junto con el informe del interventor, sin concretar si se tendrá en cuenta, se entrega al jefe de servicio de Planeamiento Urbanismo, para que se ratifique en su informe inicial, favorable a la aprobación provisional, así como al equipo redactor del plan, que como destaca "es el mismo que está elaborando el PXOM de Vigo, por lo que tan malos no serán".

Una vez cuente con ese informe del técnico municipal, la intención de Cudeiro es aprobarlo vía decreto y remitirlo a la Xunta para emita el correspondiente informe vinculante, en un plazo estimado de tres meses, y de no tener que hacer corrección alguna pasará a la aprobación definitiva por parte del pleno de la Corporación Municipal, en el que, como advierte, se "pueden producir modificaciones".

Un "cambiazo"

Y aunque no disponen del informe de fiscalización del interventor, que ya solicitaron, el portavoz del grupo de Ourense en Común, Martiño Vázquez, aseguró ayer en una comparecencia para hablar de esta cuestión, que se confirma que el gobierno popular "pretende hacer un cambiazo del plan que aprobó a finales del pasado mandato el gobierno del PSOE". Y acusa tanto al PP como al edil de Urbanismo, José Cudeiro, de ser los responsables de que Ourense tenga en estos momentos un PXOM de 1986.

En este sentido, el argumento que esgrime Martiño Vázquez es que el gobierno popular introdujo modificaciones sustanciales que deberían llevar a una nueva exposición al público del documento como solicitaron hasta en dos ocasiones, y que rechazaron el resto de los grupos municipales.

Para señala rcuestiones como el aumento de volúmenes de edificabilidad, la reducción de zonas verdes, el aumento lucrativo en algunas áreas de reparto y la reducción de cargas para los promotores de desarrollos urbanísticos. Y, sobre todo, la "regularización indiscriminadas", que no dudan en acusar que se trata de una "amnistía urbanística para especuladores", en alusión a construcción ilegales.

También hizo referencia el portavoz de OUeC que después del intento fallido del gobierno popular de negociar con los grupos de la oposición para intentar aprobar el nuevo plan, ya que no cuenta con la mayoría necesaria, optó por buscar otras formulas.

De ahí que se llegue a esta situación, la de acudir al decreto del concejal, en el que delega el alcalde, Jesús Vázquez, pero con el agravante de que cuenta con un informe del secretario municipal en el que d ja claro que el único órgano competente para aprobar el plan es el pleno. Sin un informe del jefe de la Asesoría Jurídica, y ahora con la fiscalización desfavorable del interventor. Y la intención del gobierno popular y del edil de urbanismo es seguir adelante con un informe del Consello Consultivo de Galicia, que no es vinculante, y del jefe de servicio de Planeamiento Urbanístico.

Es por eso que Martiño Vázquez anuncia que de mantener esa hoja de ruta, como así ratificó José Cudeiro, acudirán a la vía judicial, por lo que se daría el caso de que el plan llegase al juzgado antes de su aprobación definitiva. Una cuestión que para el responsable del área de Urbanismo no es más que una estrategia del grupo de la oposición. Por tanto, Vázquez defendió que la intención del gobierno popular no es otra que avanzar en la aprobación de un nuevo plan, además de insistir en que es el mismo, con modificaciones puntuales, la mayoría de adaptación a la nueva normativa legal, que el que había aprobado el PSOE.