Más de cuatro años después de que un anónimo remitido a Asuntos Internos en noviembre de 2014 pusiera en el foco a la comisaría de Policía Nacional de Ourense -del que no ha salido por un cúmulo de capítulos rocambolescos, con una muerte sospechosa incluida-, la Audiencia Provincial confirma y validad la instrucción de la operación Zamburiña, contra cuatro policías de la anterior brigada antidroga acusados de proteger y tolerar presuntamente determinadas operaciones de una red de traficantes que les servían de confidentes y facilitaban información para conseguir así buenas incautaciones. Habrá juicio en los próximos meses, tras desestimar la Sala los recursos de apelación de las defensas. El auto no admite recurso alguno.

En junio del año pasado, el magistrado Leonardo Álvarez dio por terminada la instrucción y dictó auto de procedimiento abreviado contra 4 agentes y 10 presuntos traficantes a los que consideró como organización criminal. Detallaba hasta 15 indicios. A finales del mes de julio, la Fiscalía presentó su escrito de acusación, solicitando penas que suman un total de 102 años de prisión, de los que siete y medio corresponden al exjefe antidroga, Antonio R.F., acusado de un delito contra la salud pública, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos. Pide para Felipe M.A. siete años y nueve meses -añadiendo una acusación de tenencia ilícita- y para Herminia Mercedes C.G. 6 años y 3 meses. La petición para los tres incluye multa de 300.000 euros por el delito de drogas e inhabilitación absoluta durante 15 años en el caso de Antonio R.F. y de 12 en los otros dos. El cuarto agente implicado es José Antonio R.F., acusado únicamente de posible revelación de secretos, por lo que se enfrenta a 5.400 euros de multa y dos años de inhabilitación.

Entre los presuntos traficantes implicados, la principal imputada es Josefa P.G., alias Pucha, acusada de pertenencia a un grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, para quien la fiscal solicita la pena más abultada: 13 años de prisión. Esta lideraba uno de los dos grupos identificados en la trama, que se completa con R. E., M. B.G., X. B.F. y J. V.V., alias Josito, como supuesto proveedor habitual. El segundo grupo, encabezado por J. R. R.R., alias Tronquito, estaría integrado por E. G.D., F. J. G. y F. G. M.

Operación Zamburiña: veían una "prueba ilícita"

Los cuatro policías, muy disconformes con el curso de la instrucción y la actuación de Asuntos Internos, recurrieron. También algunos de los presuntos traficantes, con peticiones de sobreseimiento por falta de indicios y también de nulidad en algunos casos. En una resolución de la que ha sido ponente la magistrada María Ángeles Lamas, la Audiencia Provincial desestima todas las apelaciones y confirman "íntegramente" la instrucción del magistrado Leonardo Álvarez.

El exjefe antidroga, que considera vulnerados varios de sus derechos fundamentales, denunciaba "pruebas prefabricadas y falsas elaboradas intencionalmente" para incriminar a su unidad. Antonio R. F., que pone en valor la investigación de la UDEV de la comisaría frente a Asuntos Internos, se querelló en otra causa contra los policías gemelos Roy y Bernardo D. L. -investigados por otra juez por la muerte de su compañero Celso B. A. -, a quienes culpa de acceder a sistemas informáticos para usar sus datos y armar el anónimo con el que incriminarlo ante Asuntos Internos. En su recurso contra la Zamburiña, Antonio R. F. instaba a que Asuntos Internos aclarase si "se ha desarrollado investigación alguna sobre la identificación de la autoría del anónimo, condición de policía de la comisaría, y las relaciones de enemistad o móvil espurios que podrían guiar sus intereses, y si ha contado con el uso de confidentes informadores de la comisaría de Ourense y las razones por las que en su caso no se ha dado cuenta de los mismos".

"Suficientes elementos de juicio"

Otros dos policías cuestionan la causa iniciada a partir de un anónimo, que consideraban una prueba ilícita. Dice la Audiencia que "el auto acordando las intervenciones telefónicas no deriva de un mero anónimo sino del informe de la Unidad de Asuntos Internos". Considera la Sala que no procede ahora indagar en la autoría de aquel anónimo. "Su admisión se traduciría en una indebida demora de la instrucción en la cual se han acopiado los suficientes elementos de juicio para sostener una acusación razonable".

El exjefe antidroga hizo hincapié sobre las escuchas que hicieron avanzar la causa. Reclamaba su nulidad, que previsiblemente volverá a solicitar en el juicio. "Solo ha de acordarse cuando de manera grosera se haya violado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones consagrado constitucionalmente, lo que no acaece en el caso presente. Es en el plenario donde de forma adecuada pueden examinarse todas las cuestiones relativas a la validez del medio probatorio".

Además, Antonio R. F. defiende que la causa por la muerte de Celso B. A. en comisaría está conectada a la Zamburiña y toda la trama policial debería constituir un solo proceso. "Es inviable", zanja la Sala. Cuatro agentes y 10 presuntos traficantes se sentarán en el banquillo.