Áurea Soto, exconcejala del PSdeG en Ourense y responsable de Urbanismo en la tercera ciudad gallega entre 2007 y 2015, ha formulado una recusación contra el magistrado presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña, basándose en una supuesta causa legal de "relación de enemistad que resulta manifiesta, pública y notoria". Considera la exedil que "no concurren en el referido juez los requisitos de imparcialidad subjetiva que resultan exigidos para formar parte de la sala" que resolverá en la Audiencia el recurso de apelación contra la condena de 7 años de inhabilitación dictada por el Penal 2 contra Soto y otros tres expolíticos, incluido el exalcalde Francisco Rodríguez, por contratos a profesionales externos en el Concello de Ourense mediante asistencia técnica.

Soto, junto al exregidor Francisco Rodríguez, ya recusó en 2014 a Antonio Piña cuando ejercía como juez instructor, por una supuesta amistad con Democracia Ourensana, denunciante del caso de las obras de la calle Bedoya. Aquella acción fue desestimada. El entorno de la exedil Marga Martín, investigada por presuntas irregularidades en la ayuda a domicilio, un caso que empezó a instruir en 2012 el mismo juez tras una denuncia de DO, presentó quejas al Consejo General del Poder Judicial. Se abrió un expediente que también fue archivado sin que se observara ninguna conducta inadecuada del magistrado.

Piña dice ahora, tras la nueva acción de Áurea Soto en su contra, que "está en su derecho y el TSXG resolverá". El presidente de la Audiencia Provincial niega enemistad alguna ni falta de imparcialidad. En la práctica, la apelación del caso de las asistencias técnicas, un expediente en el que Piña no es el magistrado ponente, se retrasa hasta que el Tribunal Superior estudie y dictamine sobre el incidente de recusación. El juez podrá dar su versión para contestar a las acusaciones de la exedil, que se basa en varias declaraciones del magistrado a la prensa de hace varios años, del tenor como que "no consiento que nadie ponga en duda mi honestidad" o "realmente me sentí mal porque yo hacía mi trabajo con independencia y honestidad". También extracta su intervención ante el Consejo General del Poder Judicial tras la denuncia del entorno de Marga Martín.

Entiende el abogado de la exedil, quien niega que la recusación se trate de un "medio caprichoso" para apartar a este juez, que "tras el evidenciado malestar contra quien ha promovido contra él acciones disciplinarias y puesto en duda su independencia, la imparcialidad judicial no puede verse garantizada de integrar el magistrado la Sala que conoce del recurso de apelación de mi mandante".

El incidente de recusación se trasladará al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al tratarse de un magistrado de la Audiencia Provincial (esta última es la instancia que resuelve los casos de jueces de órganos inferiores). En el TSXG se pasará a informe del fiscal y posteriormente se designará un ponente en la Sala de las recusaciones, que los magistrados conocen como "sala del 77", por el artículo de la Ley del Poder Judicial que regula el proceso con este tipo de acciones.