Todo hace indicar que el actual mandato concluirá sin presupuestos y con los prorrogados de 2014, los último que había aprobado el anterior gobierno socialistas. Esa es la sensación ante la demora en la aprobación del necesario Plan Económico Financiero. Sobre está cuestión, y a modo de justificación, la última respuesta dada por la responsable del Área de Hacienda, Ana Fernández Morenza, es que el documento en cuestión se encuentra en intervención para su fiscalización. Y poco más, Sin concretar cuando se podrá remitir el documento final a la Consellería de Facenda, que tiene las competencia en materia financiera en lo que se refiere a las entidades locales, como es el caso del concello.
La necesidad de elaborar un plan económico financiero, como explicó en su momento Fernández Morenza, no es otra que la de corregir el desequilibrio en las cuentas generado por incumplir la regla de gasto en 2017, tal y como plasmó en su informe de fiscalización el interventor municipal después de revisar la liquidación que se había realizado en su momento, y que la edil de Hacienda reconocía que se debía a un "error humano", en este caso de un funcionario.
La falta de ese plan económico, que deberá contar con el visto bueno de la Xunta, es necesario para que el gobierno popular pueda presentar el proyecto de presupuesto para 2019, que como aseguró en su momento tanto el alcalde, Jesús Vázquez, como la propia Morenza, estaba "perfilado", por lo que en breve espacio de tiempo se presentarían y entregarían a los grupos de la oposición.
Limitaciones de gestión
Pero a menos de dos meses de las nuevas elecciones municipales los plazos se acortan, por lo que no se descarta que finalmente el gobierno popular desista de su intención de presentar ese proyecto de presupuestos y continúe con los prorrogados de 2014, como hizo desde el principio de mandato, al fracasar en el intento de vincular su aprobación a una cuestión de confianza del alcalde.
Además, el único intento real de aprobar unos presupuestos, el de 2018, contó con el rechazo frontal de los grupos de la oposición, y al estar el gobierno popular en minoría, no salía adelante. En ese momento, mientras Fernández Morenza defendía el proyecto, los tres grupos de la oposición se negaban a entrar en negociaciones, esgrimiendo el informe de fiscalización realizado por el interventor municipal, en el se plasmaban la "vulneración" de varías normativas legales.
Una situación que no hizo más que poner de manifiesto las limitaciones de gestión, ya que al tener que seguir con los prorrogados de 2014, las dificultades se sucedían, sobre todo en lo referente al capítulo de inversiones, que por parte del gobierno popular se intentó suplir con el acuerdo alcanzado con los socialistas para aprobar un plan de obras de unos 13 millones de euros, de los que finalmente se ejecutaron algo más del 5%, según el interventor, y que tuvo que retomar a finales del pasado año.
