El juez Ricardo Pailos, adscrito al Penal 1 y 2 de Ourense, ha resuelto en este último tribunal que la indemnización correspondiente a una víctima en estado vegetativo de un siniestro de tráfico es de 1,417 millones de euros, una cantidad de la que ya ha sido satisfecha la cifra de 1,31 millones por parte de la compañía aseguradora. Solo restan por pagar 100.000 euros. Tienen que asumir la cuantía el condenado o el seguro con carácter solidario. Además, las costas del proceso se imponen al inculpado.

El siniestro, una colisión frontal entre dos vehículos, ocurrió a las 7.40 horas del 16 de julio de 2016 en una curva de la N-540, kilómetro 3,9. El herido, un hombre de 63 años en aquel momento, sufrió lesiones irreversibles y le ha sido declarada la incapacidad total. Quedó en estado vegetativo permanente, habiendo perdido la capacidad para realizar cualquier actividad básica de la vida diaria. Desde entonces precisa cuidados constantes por personal cualificado. Ha sido declarado en estado civil de incapacitación total.

El conductor acusado G. Á. M. dio positivo tanto en las pruebas de consumo de alcohol (0,66 y 0,62 en aire) como de cocaína. Tenía las capacidades de atención y reacción mermadas. Tanto la Fiscalía como la acusación particular que representa a la familia de la víctima aceptaron rebajar de 3 a 2 años la pena de prisión. Es un castigo sin efectos en la práctica para el encausado, salvo que en el plazo de 2 años o no satisfaga, "de serle exigida, el importe de la responsabilidad civil de acuerdo con su capacidad económica". Como autor de un delito de lesiones imprudentes en concurso con un delito contra la seguridad vial, se le impone asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 2 años y 6 meses. Esta pena conlleva la pérdida de vigencia.

Con acuerdo entre las partes sobre la cuestión penal, el juicio se celebró solo para discutir la responsabilidad civil. El abogado de la familia solicitaba medio millón de euros más por encima de la cantidad que ya había sido abonada. En total declararon cuatro peritos.

En una sentencia que no es firme y admite apelación ante la Audiencia Provincial, el juez considera que la víctima debe recibir un total de 1.417.684,99 euros, "fruto de sumar a la cantidad ya abonada los 270 euros reclamados y acreditados mediante factura de traslado" desde una clínica al hospital "y los 100.092,19 euros previamente abonados por el perjudicado a la clínica".