El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la empresas Casas Ourense relacionado con la indemnización de la ocupación temporal por parte del Concello -durante más de 17 años- de los terrenos donde finalmente se construyó la residencia universitaria, en el polígono SU-25, en las traseras del campus, a la vez que rechaza el que había presentado el Concello en contra de la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que lo condena al pago de algo más de 227.000 euros.
Así lo comunicó el propio alcalde, Jesús Vázquez, durante su comparecencia para dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local que se celebró ayer. De esa forma, el Supremo deberá resolver los criterios legales que deberán ser considerados para fijar la indemnización final que proceda abonar por parte del Concello, ante la reclamación que realiza la empresa que supera los 1,2 millones de euros.
Sobre esta cuestión, el regidor no dudó en hacer referencia a que se trata de un asunto derivado de la decisión que adoptó en su momento el anterior gobierno socialista, en febrero de 2011, y que llevó consigo el correspondiente procedimiento judicial que sigue en curso por los diferentes recursos, pero que "ya tuvo un coste para las arcas municipales que supera los 220.000 euros más los intereses", como indicó.
Primera sentencia
Así, a finales del pasado año, por parte del Concello se anunció el recurso en casación, ante el Tribunal Supremo, de la sentencia del TSXG en la que se eleva la indemnización que deberá pagar por la ocupación de los terrenos de la residencia universitaria, que pasó de los 9.000 que habían establecido los técnicos municipales y el Jurado de Expropiación de Galicia, a más de 200.000 euros. Una decisión que se acordó en una Junta de Gobierno Local, después del informe emitido por la asesoría jurídica, y que, como confirmó el regidor, rechazó el Supremo, que solo admitió el de la empresa para incrementar la indemnización solicitada.
La indemnización responde al tiempo transcurrido entre la ocupación física del suelo, en 1996, que fue puesto a disposición de la Universidad de Vigo para construir la residencia, y el momento en que la empresa, que nunca perdió la edificabilidad de estos terrenos, pudo hacerla efectiva sobre un solar contemplado en el proyecto de compensación aprobado en 2013.
La decisión del alto tribunal gallego no dejó satisfechos ni al Concello, debido al importante incremento de la cuantía, al pasar de los 9.000 euros a los más de 220.000 euros, ni a la empresa, que mantiene su reclamación, que supera el millón de euros.
De ahí que el letrado de la empresa, Antonio Feijóo anunció la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo, que viene de prosperar, para postular una elevación de la indemnización, y que considere como perjuicio la imposibilidad de realizar un aprovechamiento urbanístico durante diecisiete años.
Además, por parte del letrado de la empresa se solicitó en su momento la ejecución provisional de la sentencia del TSXG, independientemente del recurso de casación ante el Supremo, para que el Concello procediese al pago de inmediato de la cantidad total adeudada, que son los más de 220.000 euros. Y advertía que cuanto más tiempo tarde en pagar el Concello más se incrementarán los intereses.
La respuesta del alto tribunal gallego llegó a finales del pasado año, y en un auto resolvía, "con apercibimiento de embargo", el pago por parte del Concello a la empresa del importe de 227.000 euros, incluidos los intereses presupuestados por la demora. Además, el TSXG aceptó incluso la ejecución de la sentencia sin exigencia de aval ni de garantía, pues acepta el argumento de la "manifiesta solvencia de Casas Orense".
