El 13, 15 y 16 de mayo, en plena campaña para las elecciones municipales del día 26, la Audiencia Provincial de Ourense juzgará al exdelegado de la Xunta, Rogelio Martínez, y a otros 10 acusados en un procedimiento interminable que comenzó en 2006 y esclarece un presunto fraude en subvenciones de la Unión Europea, de hace 20 años, cuando el expolítico -cesado por el presidente de la Xunta en 2015- era alcalde del concello ourensano de Arnoia. "Creo que la justicia no tiene en cuenta las campañas electorales ni las situaciones políticas y, en este caso concreto, ninguno de los que vamos a juicio tenemos nada que ver con elecciones", sostiene Martínez. "Quiero terminar un proceso en el que llevamos 15 anos, por unos hechos de hace 20, donde los que denunciaron, el BNG, se retiraron del procedimiento cuando fueron los impulsores y recurrieron dos archivos, de manera que sin ellos en ese momento el caso ya estaría cerrado. Además, la Fiscalía no acusa. Bendito sea que haya fecha para juicio porque llevamos más de un año esperando", expresa el exdelegado.
La Audiencia Provincial ha comunicado a las partes el cronograma de las tres sesiones de vista oral. El día 13 está señalado para las cuestiones previas. Para el 15 queda la declaración de los acusados y los 5 primeros testigos. El día 16 serán interrogados el resto de testigos y las partes harán sus conclusiones.
En abril de 2017, el juzgado de instrucción 1 de Ribadavia dictó el auto de apertura de juicio oral, 3 años y medio después de que se diera por finalizada la fase de instrucción. El tribunal provincial dictó auto con fecha de este jueves para señalar la vista y declarar la pertinencia de la mayoría de pruebas propuestas por la acusación popular -que lleva a cabo la denominada "Asociación para o Progreso do Ribeiro", vinculada al PSOE- y las defensas. En el procedimiento están personados diez abogados por los encausados y otro acusando.
La causa iniciada en 2006 alude a la presunta comisión de varios delitos, como supuesta malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude en el uso de subvenciones comunitarias destinadas a unos proyectos que no llegaron a ejecutarse. Los hechos se remontan a 1999, a raíz de la presentación de un proyecto de construcción de una planta de biomasa en Arnoia al amparo del Plan Leader II, donde Rogelio Martínez alcalde en ese momento, por un importe de 13 millones de pesetas (78.131,57 euros).
No llegó a ejecutarse, sino que se rehabilitó un galpón ya construido. La acusación considera que Martínez, que presidía la sociedad gestora de los fondos europeos, era conocedor de que los promotores no cumplían los requisitos para acceder a las ayudas y no habían destinado los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. La denominada "Asociación para o Progreso do Ribeiro", la única acusación en el juicio, pide penas de prisión y multas. La Fiscalía de Ourense solicitará la absolución de todos los encausados.
El caso es la crónica de más de una década de retrasos, un paradigma de la justicia que se eterniza. Se da por descontado que, en caso de condena, se aplicará la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
