21 de febrero de 2019
21.02.2019
Faro de Vigo

Exigen a la Xunta la tramitación urgente para las obras del centro de discapacitados

Las familias de personas con diversidad funcional se movilizaron ayer "hartas" de los retrasos que acumula el proyecto -Política Social afirma que se licitará este semestre

21.02.2019 | 02:34
Concentración de la plafaforma frente a la delegación territorial. // Iñaki Osorio

"No pararemos hasta que cumplan lo que prometieron; haremos lo que haga falta, tanto en la calle como en las urnas". Así concluye el manifiesto que ayer cerró la movilización convocada por la plataforma ProCapd y familias de personas con diversidad funcional que desde hace más de tres años pelean por conseguir un centro público de atención a personas con discapacidad para Ourense.

Los afectados se concentraron frente a la delegación territorial de la Xunta para mostrar su indignación por el retraso en la construcción de este centro en la única provincia gallega que carece de una instalación de gestión pública para dar asistencia a este colectivo al finalizar su etapa educativa, a los 21 años. La portavoz de las familias, Elena Domínguez, indicó que "en este momento no hay ninguna razón para el retraso en la redacción del proyecto y licitación de las obras" por lo que urge la licitación de las obras antes de las elecciones municipales de mayo. La plataforma ve inviable que el centro pueda estar finalizado y en funcionamiento en 2020, como comprometió la Consellería de Política Social. "Queremos que se licite ya para conocer el pliego de condiciones y saber cuál será el plazo de ejecución y el dinero que se va a destinar al proyecto", señala la plataforma.

Defienden que su demanda "es realmente una necesidad" y exigen que se declare la tramitación urgente del expediente de contratación de las obras. "Es lo mínimo que pueden hacer", señalan las familias de los afectados.

No obstante, los plazos no garantizan que los trabajos se puedan licitar antes de la cita electoral, como demanda la plataforma. Precisamente ayer, el Diario Oficial de Galicia publicó la resolución por la que se hace pública la formalización del contrato para la realización del proyecto del CAPD en una parcela de Barrocás. El plazo de ejecución es de tres meses y medio, pero tal y como aclara la Consellería de Política Social, el tiempo empezó a contar desde el 29 de enero, que es la fecha en la que se firmó el contrato con la empresa ganadora del concurso de ideas, el estudio Iglesias Veiga Arquitectos.

En este sentido, las familias reprochan la demora de más de dos meses en formalizar el contrato desde que se resolvió la adjudicación el 20 de noviembre de 2018. "Cuanto más retrasen las fechas más tardaremos en disponer del centro", lamentan.

El grupo, que cuenta con el apoyo de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales y vecinales, cortó el tráfico a las 11.00 horas con una pancarta en la que insisten en la condición de "gestión pública" que demandan para el centro y clamaron por una mayor atención a sus necesidades: "Ourense existe e os nosos nenos tamén", corearon.

Su manifiesto recuerda que hace ya dos años lograron una participación multitudinaria en la ciudad en la manifestación de apoyo a la construcción de este centro y ayer volvieron a agradecer a la ciudadanía su ayuda y empatía en esta lucha. Pero dos años después, lamentaron, "podéis ver que la situación no cambió mucho", a pesar de que su batalla logró "50.000 firmas y las calles llenas de ourensanos pidiendo un CAPD como el de Lugo, Pontevedra y A Coruña". Por eso ayer se declararon "hartos de esperar, de ser manipulados y engañados con falsas promesas por parte de los cargos públicos que representan al gobierno gallego". El presidente de la plataforma, Pedro Rodríguez Salgado, avanza que continuarán con las movilizaciones en la calle mientras no vean avances firmes.

Entre los manifestantes estaba Isabel Abad, madre de Grabriel, un joven de 18 años con autismo que, tras sufrir varios brotes, ingresa cada día en el psiquiátrico de Piñor a las 19.30 horas para pasar allí la noche. Por la mañana va al Centro de Educación Especial de Velle y por las tardes está un rato con su familia. "No tengo un centro público al que llevarlo, lo que me ofertan son internados privados por 2.500 euros al mes que yo no puedo pagar, pero un psiquiátrico no es su sitio", explica su madre, que ve "urgente" la dotación de un CAPD en Ourense. "Los plazos se han alargado demasiado y somos muchos los que esperamos, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿pagar? No todos podemos", lamenta.

Puri García está en una difícil situación porque su hija Ana finaliza este año su etapa en el centro educativo de Velle y su deseo es que pase a un CAPD que todavía espera en Ourense. "La alternativa es pagar un centro por 1.200 euros, pero yo quiero un centro de gestión pública con su ratios y su personal especializado, porque si estos niños que salen del centro educativo se quedan en casa van para atrás, por eso es tan necesario", apunta. Este es mi caso, dice, "pero son muchos más".

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