Familias de personas con diversidad funcional se concentraron esta mañana frente a la delegación territorial de la Xunta en Ourense para mostrar su indignación por el retraso en la construcción de un centro de atención a personas con discapacidad. Ourense es la única provincia gallega que carece de una instalación pública para dar asistencia a este colectivo al finalizar su etapa educativa a los 21 años, y las familias llevan cuatro años reclamando este servicio.
El grupo, que cuenta con el apoyo de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales y vecinales, cortó el tráfico a las 11.00 horas con una pancarta y demandó premura en los plazos. Urgen la licitación del proyecto antes del mes de mayo y ven inviable que el centro pueda estar finalizado y en funcionamiento en 2020, como comprometió la Consellería de Política Social. Están "hartos de esperar, de ser manipulados y engañados con falsas promesas por parte de los cargos públicos que representan al gobierno gallego", recoge el manifiesto leído esta mañana, y avanzan que continuarán con las movilizaciones en la calle.
Precisamente ayer, el Diario Oficial de Galicia publicó la resolución por la que se hace pública la formalización del contrato para la realización del proyecto del edificio destinado al CAPD en una parcela de Barrocás. La plataforma critica que el gobierno gallego haya tardo tanto tiempo en publicar este anuncio, ya que el contrato fue adjudicado el 30 de noviembre de 2018 y la formalización se firmó el 30 de enero.
