Mujeres maltratadas con hijos escolarizados en Ourense que son derivadas a casas de acogida lejos de la provincia -en un caso reciente, incluso a Ferrol, a 200 kilómetros- con el perjuicio que supone para ellas y para su familia, añadido a la dura situación de ser víctima de violencia. Denunciantes y presuntos agresores que comparten espacios en los juzgados. La falta de medios. El asesinato en el hospital de Isabel Fuentes a manos de su marido, que antes había intentado matarla en casa, fue el ejemplo trágico con letras mayúsculas de que el sistema de protección a las víctimas de violencia machista no es infalible. El Tribunal Supremo se reúne en pleno el lunes para dictaminar si la magistrada que llevaba el caso antes de que se consumara el crimen actuó correctamente al rechazar poner el foco sobre el marido, pese a ser advertida en un atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil sobre el "peligro" que constituía permitir al esposo que visitara a su mujer en el hospital. Mejorar la coordinación, evitar disfunciones y favorecer la protección y la asistencia a las víctimas son las premisas de una comisión provincial, constituida ayer, en la que jueces, Fiscalía, Imelga, Policía, Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno, abogados, procuradores, Xunta y Concello se unen para exponer problemáticas y conseguir respuestas coordinadas que eviten la mínima grieta en el sistema.
Es un órgano con carácter técnico de nivel provincial, cuya constitución emana del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para permitir a los profesionales del ámbito judicial una interlocución con todas las administraciones implicadas en la lucha contra la violencia que padecen las mujeres. Tendrá carácter fijo y celebrará reuniones periódicas. "El propósito es dar respuesta a las problemáticas desde una perspectiva integral. Se pretenden establecer reuniones técnicas con la presencia de los distintos operadores con incidencia directa", explicaba ayer el presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Antonio Piña.
Unificar los trámites
Por ejemplo, los magistrados exponen el riesgo de que en los juzgados -no tanto en el de la ciudad, que cuenta con una oficina de atención a la víctima con una psicóloga- las denunciantes y los presuntos agresores, así como sus respectivas familias, tengan que compartir espacios en ocasiones. "Los jueces propondremos que la oficina de atención a la víctima tenga un carácter más integral para que la mujer pueda salir con todas las citas concertadas, algo que hasta el momento no se hace porque no se coordinan las administraciones", expone Antonio Piña.
Recientemente saltó la alarma cuando una víctima ourensana de violencia de género fue trasladada a Ferrol, a 200 kilómetros. "Es una pésima gestión de los recursos que una mujer sea trasladada a Ferrol cuando hay plazas en Ourense", afirma el fiscal jefe, Florentino Delgado. Muestra su optimismo y satisfacción con la constitución de una comisión provincial entre todos los sectores implicados en la lucha contra la violencia de género. "Es una buena idea porque hasta ahora no existía una comisión integral. Todos los foros que se han celebrado hasta ahora, en los que se han reunido los intervinientes en la lucha contra la violencia de género, han sido parciales. Este es el primer órgano en que estamos todos juntos y eso es bueno", destaca el máximo responsable en la provincia del ministerio público.
"La intención es buscar soluciones a las disfunciones que puedan existir y compartir impresiones entre todos los operativos implicados en la lucha contra la violencia de género. Estas reuniones son positivas y van a resultar provechosas", destaca el fiscal Julián Pardinas, delegado en la provincia en materia de violencia contra la mujer.
La concejala de Servicios Sociales de Ourense, Sofía Godoy, coincide con las buenas impresiones que expresaron ayer los asistentes. "Fue una reunión muy positiva. Es importante trabajar en equipo para que donde no llega o no idea uno, llegue o idee otro. Es provechosa la comunicación fluida y poner en común de manera coordinada las soluciones. Las víctimas pasan por diferentes administraciones y servicios y es fundamental trabajar con sinergias".
Desde el Colegio de Abogados, la responsable del área de violencia de género, Fátima Salgado Carbajales, recuerda que todavía existen "deficiencias y falta de medios" en el ámbito de la protección de las víctimas. "Entiendo que esta comisión va a ser provechosa si los distintos operadores hacemos un trabajo unidos para solucionar las deficiencias que se presenten. Aunque dependeremos también de que se doten medios porque las campañas de potenciación y protección no pueden quedarse en un titular".
En la provincia de Ourense había 400 casos abiertos de violencia machista, según datos de noviembre de la Subdelegación del Gobierno. Durante el primer semestre de 2018 se presentaron 366 denuncias -una media de 61 cada mes- y las autoridades decretaron 254 órdenes de alejamiento -más de 40 cada mes-, con el objetivo de proteger a las víctimas y contrarrestar el riesgo de que sus presuntos agresores vuelvan a atentar contra ellas.
