El edificio judicial de Ourense en el que se invirtieron 17 millones de euros, inaugurado hace cuatro años y sede de la gran mayoría de los tribunales de la ciudad desde la mudanza de marzo y abril de 2015, será reformado para abrir ventanas de manera generalizada, después de que tras las primeras quejas ya se construyeran algunas en el juzgado de guardia, el área de los forenses del Instituto de Medicina Legal (Imelga) y en el despacho de uno de los contenciosos. El juez decano, Leonardo Álvarez Pérez (Caracas, 1970), que ayer revalidó el cargo para cuatro años más tras imponerse en el desempate a la magistrada Blanca Díez, dice que la Xunta ejecutará la mejora y sitúa la contratación de las obras "antes del verano", una vez inaugurado el nuevo edificio judicial de Pontevedra. "Estoy convencido", reiteró el juez. "Humano es errar y más humano es enmendar".
En diciembre, el sindicato Alternativas na Xustiza-CUT constató a través de un "cuestionario oficial" realizado entre casi 150 trabajadores del edificio judicial de O Couto que entre el 34 y el 78% tenían síntomas asociados al Síndrome del Edificio Enfermo, SEE. El 78% del personal consultados asegura sentir los ojos secos, la mayoría con escozor, y el 68% dice notar sequedad en la nariz. La misma sensación en la garganta la refirieron el 70,5% de los encuestados y el 72,7% afirman tener dolores de cabeza. Álvarez asegura que la apertura de ventanas no beneficiaría "solo a jueces, fiscales y letrados, sino también a los funcionarios".
Dieciocho jueces de la ciudad votaron ayer en las elecciones. En la primera ronda, hubo dos votos en blanco y cada candidato recibió 8 apoyos. En la segunda y definitiva votación, las adhesiones a ambos jueces fueron idénticas. Hubo empate 9 a 9, pero Leonardo Álvarez gana por tener mayor escalafón. "Ha sido extraordinariamente igualado. Es una muestra de que los jueces también somos democráticos. Si hubiese ganado Blanca hubiese sido mejor decana que yo, o como mínima tan buena". La buena sintonía marcó la jornada pese a la división de votos.
El magistrado de Instrucción 1 asume el nuevo mandato "con un plus de responsabilidad. Después de cuatro años de gestión, otro candidato casi me arrebata el cargo, señal de que tengo que hacerlo mejor, seguir trabajando e intentar corregir algunas cosas que a lo mejor no se hicieron bien".
El decano asegura que "mi primer y gran objetivo es solucionar el problema de Familia, donde hay un problema de atasco". El juzgado de Instancia Número 6, de la magistrada Laura Guede, tiene las tasas de congestión (6,46) y pendencia (5,46) más elevadas de la provincia -la situación es peor cuando el valor es más alto-, mientras la media de todas las jurisdicciones es de 3,17 y 2,16. La sede, que además de Familia lidia con una gran carga de trabajo por el aumento constante -por el envejecimiento- de las incapacidades, acumula más de mil asuntos pendientes, con retrasos en asuntos de divorcios, custodias de menores, pensiones alimenticias o regímenes de visitas, con excónyuges, niños y adolescentes como afectados.
En diciembre, abogados y procuradores anunciaron una queja a la Valedora do Pobo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el "sangrante" colapso del tribunal y el "exasperante" retraso de asuntos. La magistrada dijo a este periódico en aquel momento que a pesar de que el tribunal trabaja -más de un millar de sentencias, autos y decretos- el volumen de entrada y pendencia desborda la capacidad actual. Guede urgía: "Hace falta personal. No se pueden poner parches como ha sucedido hasta ahora. El apoyo tiene que ser permanente. Los funcionarios y la letrada no dan abasto. Con un juez sin más funcionarios que realizan el trámite, el juzgado no se agiliza".
Un juzgado bis de Familia
Ayer, Leonardo Álvarez confirmó que ya ha remitido la petición por escrito a la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para dotar un juzgado bis, con la llegada de un juez sustituto de apoyo, un letrado de la administración de justicia y tres funcionarios. A mayores, apunta "a una solución estructural que a lo mejor pasa por incrementar la plantilla. Con un plus de funcionarios podríamos ir arreglando el problema pero lo primero es ponerlo al día", afirma el magistrado.
