Santiago Cid Harguindey, exalcalde de Verín, exvicepresidente de la Diputación de Ourense y actual dirigente del club de fútbol local, se enfrenta a peticiones de condena que van desde el año y medio de prisión que solicita la Fiscalía, por una presunta apropiación de 1.960 euros, hasta los 14 años y 3 meses que reclama la acusación particular que ejerce un exsocio en una mercantil, quien cree que se apropió de 150.000 euros de la venta de una parcela de 113.000 metros cuadrados. El exregidor, cuya defensa solicita la libre absolución, hizo uso ayer de su derecho a la última palabra: "Tengo la conciencia absolutamente tranquila".

La fiscal ve acreditado que Harguindey se quedó 1.960 euros, en concepto de devolución por liquidación de cobro de la valoración de unas fincas realizada el 12 de junio de 2008, en lugar de ingresar el dinero en la cuenta de la entidad "Mirador de Monterrey", S.L. El acusado alegó en su interrogatorio que le correspondía por haber ayudado supuestamente al perito en la valoración. La fiscal sostiene que tanto este experto como el denunciante aseguraron que fue el exsocio enemistado quien colaboró. "En cualquier caso", añadió, el informe no la redactó el acusado, "por lo que el dinero debería haber ido a las arcas de la entidad y constar".

Pero el querellante acusa a Cid Harguindey, además, de un "ardid" con el comprador de la parcela que constituía el principal activo de la sociedad, cuyo precio fue valorado inicialmente en 300.000 euros. El comprador, un constructor, abonó 150.000 más IVA. El acusado alega que informó al resto de socios de que no quería pagar más porque la parcela estaba ocupada y, o devolvían el dinero, o aceptaban la venta por la mitad. Cid y dos exsocios, hermanos, dieron el visto bueno, sumando el 74% de la sociedad. El querellante no quiso. "Haciendo uso de la mayoría decidí vender en los 150.000", dijo en la última palabra.

El actual regidor de Verín y arquitecto, Gerardo Seoane declaró ayer tras no acudir a la primera citación por una cuestión médica. Hizo una pericial gratis para el acusado -"como muchas veces", afirma- en la que reflejaba como valor de la venta 149.000 euros, porque la parcela es suelo rústico en Red Natura y zona de protección del Castillo de Monterrei y el Camino de Santiago. La defensa añadió el impacto en el precio que tuvo la crisis del ladrillo y recordó que una hidroeléctrica expropió a un valor incluso menor.

La acusación particular, que ve falsedad documental y delito societario por las "cuentas irregulares" de la entidad que administraba el acusado, considera que en realidad Cid se quedó la mitad de los 300.000 euros por sus "conflictos" con el denunciante. "Surge la necesidad de justificarlo y llamaron a un amiguete", dijo el letrado en alusión a Seoane. La defensa sostiene que la discrepancia entre los socios debería haber ido a la vía civil, no a la penal.