Un informe elaborado por el vicesecretario de la Diputación de Ourense reconoce que uno de sus alcaldes, el regidor del PP en Beade, Senén Pousa, incumple la Ley de Memoria Histórica al tener desde hace décadas una Calle del Caudillo en ese municipio. Advierte que según el artículo 15.1 de la mencionada ley 52/2007, no se puede hacer "mención conmemorativa de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura", por lo que el alto funcionario de la Diputación invita a Senén Pousa, como alcalde, a retirar el topónimo.

El mencionado informe fue elaborado por este técnico de la Diputación en respuesta a una alegación del grupo del PSdeG al plan de obras provincial, que va mañana a pleno, y para que se suprima del mismo la partida destinada a la rehabilitación de esa calle del Caudillo, precisamente por su "exaltación" de la dictadura franquista.

Pero ayer el alcalde de Beade, alcalde desde 1974 y por tanto un regidor que se mantiene en el cargo desde la dictadura, señaló que "no es un delito que una calle se llame del Caudillo porque caudillos hay muchos, si fuera General Franco sería otra cosa". Así pues adelanta, haciendo ver que no conocía el mencionado informe de la Diputación, que "mientras yo sea alcalde -y me voy a volver a presentar y ganaré como siempre con mayoría absoluta-, no le voy a retirar el nombre".

"Vamos a alegar"

Anuncia que su asesor y secretario del Concello de Beade "ha elaborado un informe que se va a llevar al pleno de la Diputación, en el que vamos a explicar punto por punto y con todos los artículos, que no le voy a desvelar a usted cuáles son, por qué motivo no incumplimos la Ley de Memoria Histórica, esa que aprobó Zapatero", declaró Pousa.

También se reserva la posibilidad de "querellarme contra la diputada Elvira Lama", indica en relación al escrito defendido por esta portavoz provincial del PSdeG en el que anunció que presentaba la alegación contra las obras en la calle Caudillo.

Por lo que respecta al informe presentado por el vicesecretario de la Diputación, explica que en la mencionada Ley de Memoria Histórica, figura "el deber allí establecido de retirada de los objetos o menciones conmemorativos de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, constituye un deber legal y por lo tanto reglada, y no es ni graciable ni discrecional, por lo que debería ser el propio Ayuntamiento, de oficio, el que proceda a su cumplimiento".

También indica que, para proceder al cambio, se podría aplicar un procedimiento judicial contra el ayuntamiento mediante la "impugnación de una inactividad administrativa recogido en los artículos 25 y 29 y de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa".

Ante estos hechos, los socialistas denuncian la "complicidad de Baltar al aplaudir y mantener, como presidente del PP, en su partido, a un alcalde franquista insurrecto que incumple la ley a propósito".

La portavoz del grupo provincial de la Diputación Elvira Lama añadió que "ante las sonoras y claras conclusiones del vicesecretario de la Diputación de Ourense", el PP no debería mantener en el cargo a un alcalde que defiende una dictadura asesina y darle a ese concello "decenas de miles de euros públicos en lugar de exigirle que, de una vez por todas, o cumpla las leyes democráticas o se ponga fuera del Partido Popular".