Uno fue detenido en Ávila, en la academia de Policía donde ejercía como instructor de tiro. El otro, ya jubilado, en Ourense. La UDEV de la Policía Judicial de comisaría arrestó el 19 de enero de 2018 a los agentes gemelos Bernardo y Roy D. L. por orden de la jueza Eva Armesto. Mañana se cumple un año de una operación que marcó la cima tras cuatro años de rocambolesca trama en la comisaría de una ciudad situada entre las más seguras y tranquilas de España. La magistrada de Instrucción 3 y la UDEV mantienen que los hermanos mataron presuntamente a su compañero y amigo Celso B. A. para que no descubriera el robo de las armas y los anónimos en los que participaron los tres. Dos años y 9 meses después del hallazgo del cuerpo, la Fiscalía no tiene claro que fuera un crimen. No descarta el suicidio. El caso no está claro a estas alturas. La jueza amplió la instrucción al máximo de 3 años. Hay testificales de dos agentes y una funcionaria el 4 de febrero y quedan informes pendientes.
La defensa se basa en hasta cuatro informes que se decantan por una muerte autoinfligida de Celso, que falleció de un tiro en la cabeza el 9 de abril de 2016, en un despacho de la quinta planta de comisaría en el que estaban tres de las seis armas desaparecidas (del resto nada se sabe todavía). "Se les ha tenido bajo la lupa y no existe el mínimo indicio contra ellos. Se sienten desconcertados y preocupados porque no alcanzan a entender esta causa ", afirma el abogado Neil González. En cambio, el letrado de la acusación particular, Arturo Mosquera, sostiene que "las sospechas que existían en un principio han aumentado un año después". La familia está convencida de que Celso no se mató; "varios indicios apuntan a un homicidio o un asesinato".
Roy y Bernardo están en libertad provisional desde su comparecencia en enero, con fianza individual de 60.000 euros. Comparecen una vez por semana en el juzgado y no pueden salir del país. Durante la mayoría de este año tenían que ir al juzgado a diario. La jueza los interrogó durante horas en julio para reconstruir qué hicieron el día de la muerte de Celso. Volvió a concederles la libertad pero subió la fianza para cada uno a 100.000 euros. La Audiencia revocó el incremento y fijó la cantidad inicial.
"Los informes periciales evidencias contradicciones en sus versiones", dice la acusación particular. Esta parte subraya que "el estado del arma" -con la recámara abierta pero sin cargador-, no encaja con lo habitual, que "la trayectoria descendente de la bala no coincide con un suicidio y la autopsia psicológica de la Policía descarta una ideación suicida". Esta parte considera clave que en el despacho apareciera un papel con pólvora con su ADN (son gemelos univitelinos). "No sé qué repercusión puede tener más allá de que Bernardo estuvo trabajando en ese despacho ocho o diez años", rebate la defensa. "Ya explicaron en su declaración que los proyectiles defectuosos los desmontaban para aprovechar la camisa, el cuerpo, y la pólvora la guardaban en sobres".
González alude a los mensajes de despedida por wasap y correo (en el que se autoinculpaba de la trama policial y pedía perdón) , y subraya que en el arma de la que salió el disparo no había ADN de los gemelos, sino de Celso, en cuya mano izquierda había residuos específicos de disparo. En el coche con el que Roy fue visto accediendo a la comisaría el día de los hechos -después salió a hacer compras, según su versión- había sangre que no era humana. No aparece ningún rastro genético del muerto en las muestras del coche.
El letrado remarca que el forense concluyó en el levantamiento que había sido un suicidio, como un dictamen de la Policía Científica, una recreación virtual de la Guardia Civil que no lo descarta y un informe de la unidad central de homicidios, sin firma, que la jueza no tuvo en cuenta hasta que la Audiencia Provincial la instó a incluirlo. El dictamen de análisis de conducta que no ve posible el suicidio es, a ojos de la defensa, "meramente especulativo".
Otras partes quieren acusar
La jueza atribuyó todos los delitos de la trama a los gemelos al detenerlos, pero la Audiencia limita su competencia al presunto crimen. El exjefe antidroga -acusado en la Zamburiña por presunta protección a traficantes- se querelló contra los hermanos, a los que acusa de fabricar pruebas falsas para señalarlo en los anónimos que llegaron a Asuntos Internos. El SUP culpa a los gemelos de desprestigiar a la Policía y de usar su wifi para enviar los escritos. La jueza unió ambas querellas. La Audiencia resolverá. El caso continúa.
