El alcalde del PSdeG en Verín, Gerardo Seoane, se expone a una amenaza de sanción por parte de la Audiencia Provincial de Ourense por no comparecer al juicio celebrado ayer contra un exregidor de la localidad y presidente del club de fútbol local, Santiago Cid Harguindey. El presidente del tribunal, Antonio Piña, llegó a manifestar que "lo vamos a sancionar" por su incomparecencia pero la sala lo reconsiderará porque desde el entorno del alcalde aseguran que enviará un justificante médico por una operación reciente que supone limitaciones. La ausencia obligó a que la finalización de la vista se aplace al próximo 28 de enero.
La Fiscalía solicita año y medio de prisión para Cid Harguindey por una presunta apropiación indebida de 1.960 euros. Él admite que se quedó ese dinero y lo dio a los socios porque le correspondía por haber ayudado supuestamente a un perito en una valoración de fincas, algo que el experto negó ayer en el juicio. "Le di el trabajo hecho, le entregué las fichas. Me dijo que tenía que firmar que lo recibía como administrador. Acepté porque tenía serias dudas de que lo devolviera", adujo Harguindey, que accedió a la documentación por su época de alcalde. El ministerio público sostiene que debía ingresar la cantidad -una devolución por liquidación de cobro de la valoración de unas fincas realizada el 12 de junio de 2008- en la cuenta de la entidad inmobiliaria "Mirador de Monterrey", S.L. El perito judicial afirmó que pagaba la entidad y que la devolución era a su favor. La mercantil había vendido una parcela a un constructor que pretendía desarrollar turismo rural en la zona, al pie del Castillo de Monterrei, pero el terreno estaba en zona de protección ambiental y dentro del límite del monumento histórico y el Camino de Santiago. Además, el cambio de gobierno en la Xunta, tras perder el bipartito, frustró la oportunidad, según manifestó el constructor como testigo.
El caso fue denunciado por uno de los tres exsocios de Cid en la mercantil, con una participación del 16%, arquitecto de Verín hasta 2009. Esta parte, que asegura que acompañó y dio toda la información y documentación al perito, y descarta que Cid debiera quedarse la devolución, eleva la petición a 12 años y medio. Ve cuatro delitos societarios, dos de falsedad documental y apropiación.
Controversia sobre una finca
Acusa al expolítico de quedarse además 150.000 euros más, porque la parcela inicialmente se valoró en 300.000 euros pero el comprador solo pagó la mitad, además del IVA correspondiente. Cid expuso que sus excompañeros, salvo el denunciante, accedieron a rebajar el precio porque el comprador se quejaba de que la parcela estaba ocupada y no podía acceder. Ponía esa condición, o la devolución del dinero ya cobrado por los socios -en función de los porcentajes de participación-, para no ir al juzgado. Según Cid, dos socios accedieron. La defensa se basa en que una eléctrica ha valorado recientemente la parcela en unos 84.000 euros, a 0,75 euros el metro cuadrado. La pericial del actual alcalde, Gerardo Seoane, que es arquitecto, sitúa el precio de la parcela en 149.000.
El denunciante, que asegura que no se celebraban las juntas para la aprobación de las cuentas -según Cid Harguindey se realizaba "por teléfono"- aludió a "una trama, una película para no pagar" y no se cree el cambio de valoración. "De 2008, 2009 y 2010 no hay cuentas y esos 150.000 euros no sabíamos dónde estaban", manifestó.
La defensa intentó una nueva suspensión del proceso -que ya se había aplazado otras tres veces con anterioridad- alegando que la Audiencia Provincial no era competente, después de que en 2017 el juzgado de lo Penal se inhibiera al tribunal superior. La Sala resolvió que es la instancia que debe enjuiciar esta causa debido a las elevadas peticiones de condena que formula la acusación particular.
Cid Harguindey fue alcalde de Verín entre 1983 y 1993, en las filas de Coalición Galega y después con Centristas de Galicia, hasta que fue depuesto con una moción de censura. También fue concejal independiente y ejerció como diputado provincial, llegando a ser vicepresidente de la institución.
