Una providencia del Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación presentado por la comunidad de propietarios de edificios emplazados en la rúa do Bierzo 2b-2c contra la sentencia de la sección segunda del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), con lo que no hace más que dar la razón al Concello en el expediente de ejecución de sentencia de derribo ya que los inmuebles fueron construidos invadiendo la vía pública, unos 50 centímetros, y sin ceñirse expresamente a los términos de la licencia urbanística que le fuera concedida.
Así lo daba a conocer el alcalde, Jesús Vázquez, durante su comparecencia para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión que celebró en la jornada de ayer la Junta de Gobierno Local. Aseguró que, después de la providencia, el proceso para el derribo, que afecta a 42 familias que residen en los inmuebles, continúa, aunque sin precisar el desarrollo del mismo.
Proceso pendiente
Una providencia sobre la que se pronunció el letrado de la comunidad de propietarios, Antonio Feijóo Miranda, que dejó claro que "no la hemos recibido", además de explicar que en estos momentos está pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia un recurso que presentaron en su momento contra la orden de derribo, por lo que asegura que "no es firme, por más que se diga por parte del Concello".
Y después de "tranquilizar" a las 42 familias afectadas, el letrado califica de una "irresponsabilidad" por parte del regidor dar a conocer una providencia de un recurso no admitido por el Supremo, y "no así de que existe un recurso pendiente", en este caso ante el alto tribunal gallego. Además, Feijóo Miranda alude al "desconocimiento manifiesto" del alcalde, al señalar que "el proceso continúa" cuando está pendiente un recurso", lo que llevará consigo que "se deba esperar".
Sobre esta cuestión que plantea el letrado de los propietarios e pronunció el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, en el sentido de que "habrá que esperar la resolución del TSXG", en alusión al recurso que presentó la comunidad de propietarios, aunque justificó la actuación que llevó a cabo hasta estos momento el Concello, una vez recibió la sentencia que ordenaba el derribo del edificio en la rúa Bierzo.
Así, se procedió a la apertura del correspondiente expediente para la ejecución de la sentencia, con la notificación a las partes, en este caso los propietarios de las viviendas, que tenían la posibilidad de presentar el recurso de casación, como así hicieron ante el Supremo, y que fue inadmitido, tal y como se concreta en la providencia que daba a conocer el alcalde.
En cuanto al proceso a seguir, al que hizo alusión Jesús Vázquez, pero sin concretar, el responsable del área de Urbanismo, a la espera de que se resuelva el recurso que falta y al que alude el letrado Feijóo Miranda, pasa por un nuevo requerimiento a los propietarios para que procedan a la realización de un proyecto de derribo, que deberá ser aprobado por el Concello.
El plazo que se fija para realizarlo es de unos tres meses, según indica Cudeiro, y señala que, de no tener respuesta y ratificarse la firmeza de la sentencia del derribo, sería el Concello, subsidiariamente, el que se encargaría de elaborar ese proyecto y proceder a su ejecución, aunque sin poder concretar plazos.
Indignación
Pero los que pusieron de manifiesto su indignación fueron varios de los propietarios afectados por lo que está sucediendo, que señalan como responsables a los políticos por no haber propiciado una solución a una situación que aseguran "generaron ellos mismos", debido a que se produjo una "falta de control", además de que alguno "nos sentimos engañados".
Sobre esta cuestión se pronunció el letrado Feijóo Miranda, en el sentido de que "tendremos que ver la responsabilidad que tiene el concello". Tiene claro que los últimos tres gobiernos -dos del PP y el bipartito formado por PSOE y BNG- no llevaron a cabo la correspondiente actualización el registro de la propiedad de la situación en la que se encontraba el edificio.
Sostiene Feijóo que eso llevó consigo que "mucha gente compró su vivienda sin conocer la situación en la que se encontraba", en alusión a la nota registral que reflejaba la incidencia urbanística que derribó en un proceso judicial que se prolonga en el tiempo, más de doce años. De ahí que se trata de una vía que pueden utilizar la comunidad de propietarios.
Pero son estos mismos propietarios los que reprochan a los políticos que tanto esta situación como otras, en alusión a los problemas urbanísticos que tiene la ciudad, que se podrían haber resuelto con la aprobación de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que a día de hoy sigue bloqueado ante la falta de consenso, y que el grupo popular gobierna en minoría. Una situación que también afecta al derribo de viviendas en dos edificios de Marcelo Macías.
