Los policías gemelos de Ourense Roy y Bernardo D. L., investigados por la muerte de un disparo en comisaría de su compañero Celso B. A., fueron detenidos en enero de este año. Entonces, la magistrada Eva Armesto alzó gran parte del secreto de las actuaciones que había decretado tras el levantamiento del cadáver del agente, hallado muerto en un despacho de prensa de la quinta planta, el 9 de abril de 2016. Unos pocos folios del sumario siguieron siendo reservados. La Policía Judicial ha seguido investigando en esa pieza todavía secreta. La Fiscalía, que al igual que la magistrada tiene conocimiento de todo, solicitó que se alce ya esa medida.

Los hermanos llevan todo 2018 en libertad provisional. Quedaron en esa situación en enero, bajo fianza individual de 60.000 euros, pese a que el ministerio público entonces sí solicitó prisión preventiva -hasta que se descartara, como sucedió, que la sangre de unas fundas no era de la víctima-, y salieron de nuevo por su pie del juzgado tras el interrogatorio intensivo de principios de julio. Ese mes la magistrada Armesto elevó la fianza para cada uno a 100.000 euros, que la Audiencia volvió a rebajar recientemente hasta la cuantía de 60.000 euros. Además, el tribunal de apelaciones relajó la obligación de comparecer en el juzgado de ambos, de comparecencias diarias a una semanal.

La comisaría asegura que la investigación continúa. Están pendientes informes periciales. El último análisis conocido descartó que en el coche Volvo incautado a los hermanos, en el que uno de ellos entró a la comisaría el día de la muerte, hubiera ADN de Celso.

La instructora sigue con las pesquisas y ha citado para el mes de enero, en calidad de testigos, a dos policías y una funcionaria de la comisaría. Mientras, como ya informó este periódico, el principal sindicato, el SUP, presentó querella contra Roy y Bernardo para "resarcir el desprestigio notorio al colectivo policial". Los acusa de orquestar la trama del robo de armas y los anónimos, y de usar su wifi para enviarlos.