Una petición de cambio de colegio que no llega a juicio pese a que el niño lleva un trimestre en el nuevo centro. Año y medio para ejecutar una sentencia firme. Nueve meses para resolver un régimen de visitas. Víctimas de violencia que pueden perder ayudas por la demora. Uno o dos meses hasta cobrar un talón de una pensión alimenticia pese a que el pago ya está reconocido. Tres o cuatro meses hasta que se tramite una demanda. Cuatrocientos asuntos sin incoar, más de 1.500 de entrada este año. Menores perjudicados por las largas esperas. Los abogados y procuradores escenificaron ayer, a través de sus decanos, el "clamor" de ambos colectivos por el "sangrante" colapso del único juzgado de familia de Ourense, el de Primera Instancia 6, creado en 2008, que además tiene que asumir otras funciones como internamientos e incapacidades, una labor al alza en la provincia con la edad media más elevada de toda España. La huelga de funcionarios también hizo mella.

Los dos colegios, que suman en conjunto más de 800 profesionales en ejercicio, elevarán una queja ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Valedora do Pobo. "Cada vez hay más retraso, es un problema estructural. Exigimos medidas, no parches. Los datos son sangrantes. Esta situación para la ciudadanía de Ourense, que ya está bastante en el furgón de cola en Galicia, hay que solucionarla. Justicia sin medios y lenta no es justicia", expuso ayer la decana de los abogados de la provincia, Pilar López-Guerrero.

"No sé si hay que poner un segundo juzgado, reforzarlo, incrementar la plantilla, no lo sé, está claro que no es suficiente. A finales de mes se va la jueza que estaba de apoyo y eso no ayuda, hay bajas sin cubrir en la plantilla aunque el decanato ponga su interés por parchear. Los regímenes de visitas no se pueden asegurar debido al retraso", denunció la letrada.

Por su parte, el decano del Colegio de Procuradores de Ourense, Ricardo Garrido, calificó el estado de Familia como "exasperante y sangrante. La tramitación procesal se entorpece por culpa de no tener personal suficiente. Los clientes vienen a los despachos quejándose de una circunstancia que no acaban de entender. No es de recibo". Garrido considera que "es el momento de levantar la voz los dos colectivos para empujar a los verdaderamente responsables", con el fin de que se adopten "medidas en el sentido de ampliar la plantilla, cubrir las bajas que se generen y crear un juzgado excluyente y exclusivo".

El juez decano, con el que se reunieron, "es consciente de las carencias" pero no se suma al escrito de queja de los colegios. Pide analizar las causas y que los demandantes comparen los datos del juzgado de familia con los de otras ciudades. Leonardo Álvarez considera que "las medidas adoptadas por la Xunta no fueron eficaces en los últimos años. De nada sirve un juez de apoyo si no lleva consigo un letrado y al menos dos o tres funcionarios". Además sostiene que la junta de jueces de civil -junto a la titular de Familia, hay otros cinco magistrados con voz- no ha solicitado recientemente medidas de refuerzo o la creación de una segunda sede.