La Junta de Gobierno Local resolvió en su reunión de ayer pagar algo más de 2,2 millones de euros, en cumplimiento de una sentencia judicial, a una constructora ourensana que ganó un pleito que viene desde hace casi 30 años, y que afecta alas traseras de la Avenida de Portugal. Con el acuerdo se da por finalizado un procedimiento heredado y "enquistado", como aseguraron fuentes del gobierno municipal.
El proceso para realizar el pago, tal y como recoge una sentencia judicial, se inició con un expediente de modificación presupuestaria que se aprobó en una sesión extraordinaria de la Corporación Municipal, y después de cumplimentar el período de exposición pública, durante el cual no se presentaron alegaciones algunas.
De ahí que estaba pendiente del preceptivo informe de Intervención para procederá al pago de esa cantidad que se había fijado, los algo más de 2,2 millones de euros, que es el acuerdo que adoptó el gobierno en su reunión semanal.
Sobre está cuestión, el letrado de la constructora, Antonio Feijóo Miranda, explica que aunque en esa cuantía económica se incluye los intereses, se deberá proceder a la correspondiente liquidación, para conocer si es suficiente o, por contra, se debe incrementar la cantidad.
Por otra parte, Feijóo Miranda confirmó que por parte del concello se procedió a la retención del crédito correspondiente al pago de 227.000 euros a una empresa, relativo al aprovechamiento de unos terrenos de los que era titulares para la construcción de la actual residencia universitaria.
Una situación que se produce después de que pidiese el letrado la ejecución de sentencia del alto tribunal gallego, a pesar de que existe un recurso ante el Supremo reclamando una mayor cuantía.
