L. V., el vecino de la mujer de casi 93 años que denuncia acoso inmobiliario en el edificio propiedad de la Xunta de la Avenida de la Habana, 1, afirmó ayer al juez que lleva el caso que un funcionario de la Xunta le dijo que el ascensor no se arreglaría. Fue en febrero, días después de que una inspección detectara deficiencias graves en el aparato, y durante el proceso de negociación con la administración para decidir si dejaba su piso del quinto. El elevador estuvo diez meses inoperativo y finalmente opera desde el 28 de noviembre. La nonagenaria volvió el viernes a su domicilio, tras cuatro meses fuera, porque tras una operación de cadera en julio la falta de ascensor complicaba el acceso a su piso, hasta el punto de que alguna vez el vecino la vio agotada a la puerta de casa tras subir por la escalera, según manifestó ayer.

A la declaración testifical asistieron el abogado de la acusación particular y los letrados de los dos cargos de la Consellería de Facenda investigados por presunto delito de coacciones, quienes el lunes negaron acoso u hostigamiento y defendieron que emprendieron las medidas para solucionar la situación del ascensor una vez que la vecina comunicó la deficiencia.

A diferencia de la denunciante, que en 2013 recibió una carta de la Xunta para que desalojara su vivienda antes de finales de ese año, el testigo se encontraba en negociaciones para dejar el domicilio por su voluntad. El hombre manifestó ayer en el juzgado que el trato con la administración era cordial y correcta, y que en su caso él no se sintió presionado ni acosado. El plan de la administración era sacar a concurso y dar un uso de oficina al inmueble para ahorrar en alquileres. La renta mensual de los dos moradores es de 25,26 y 74,97 euros, mientras que los gastos de mantenimiento del inmueble "eran de un importe notablemente superior al de las rentas", una razón que según la Fiscalía motivó a la Xunta a promover que los moradores dejaran el edificio.

El vecino solía ocuparse de algunas tareas de mantenimiento como el cambio de bombillas que se fundían. También solicitó al personal de limpieza que se encargaba de adecentar el portal y los dos juzgados contenciosos y la sede forense del Imelga -ubicados en el edificio hasta la mudanza de la mayoría de tribunales al juzgado de O Couto, en 2015- si podían ocuparse también de mantener la higiene en las zonas comunes del resto de alturas del inmueble de la Xunta. El fiscal jefe culpa a la administración de descuidar la limpieza como una de las supuestas medidas de presión para "obligar" a que los inquilinos se fueran. La Xunta asegura que sí mantuvo el mantenimiento.

El 13 de diciembre, la víctima nonagenaria declara ante el juez.