Desde enero, los policías gemelos Roy y Bernardo D. L. han tenido que acudir a diario al juzgado, como medida cautelar impuesta por la magistrada que los investiga por presunto homicidio/asesinato por la muerte en comisaría, el 9 de abril de 2016, de su compañero Celso B. A. Solo Roy vio rebajada la obligación durante unos días, a mitad de este año. En julio, la jueza Eva Armesto los interrogó durante horas y endureció su situación personal: no los envió a prisión preventiva pero incrementó las fianzas individuales a 100.000 euros. Además mantuvo la retirada del pasaporte y dictaminó de nuevo que debían presentarse cada jornada en el juzgado a firmar, con el objetivo de minimizar el riesgo de fuga. Ahora la cifra baja a 60.000 euros y las visitas al juzgado, a una por semana.
La defensa y la Fiscalía recurrieron la resolución de julio de la magistrada del caso. El recuso de apelación se remitió a principios de octubre a la Audiencia Provincial, cumplidos los plazos de informes de las partes y con un leve retraso por el carácter inhábil de muchos trámites en agosto y por la carga de trabajo de Instrucción 3, la sede de violencia machista.
La Fiscalía no se pronunciaba sobre las comparecencias en su informe sobre el recurso de apelación de la defensa, pero sí cree que la fianza es elevada. La acusación particular, que pidió prisión preventiva tras el interrogatorio a estos policías en julio, se mostró a favor de que se mantuvieran las medidas.
Ayer, la Audiencia remitió a las partes la resolución del recurso de Roy. Se espera que en los próximos días el tribunal se pronuncie en los mismos términos sobre la situación de Bernardo. La sala corrige a la jueza y sitúa la fianza en 60.000 euros, en lugar de 100.000. Además, relaja la obligación de comparecer a una sola vez por semana, no a diario.
La investigación para determinar si la muerte en comisaría de Celso B.A., con una de las seis armas robadas en el búnker policial -en la escena aparecieron tres, del resto nada se sabe- se trató de un homicidio -la UDEV de Ourense y la magistrada creen que para evitar que el fallecido descubriera la trama de los anónimos y las pistolas-, o bien de un suicidio -tesis por la que se inclinan tres dictámenes de organismos diferentes, más un cuarto que no lo descarta- está a la espera de varios informes, análisis informáticos y periciales.
En octubre, a la vista de las pruebas pendientes, la magistrada prorrogó la fase de instrucción y declaró la complejidad, una medida que la Fiscalía y la acusación particular consideraban pertinente. Lo hizo directamente por un plazo de 36 meses.
Además, la jueza Armesto admitió a trámite en el juzgado 3, exento en teoría de querellas, la que el exjefe antidroga Antonio R. F. -acusado en la Zamburiña por supuesta protección a determinados traficantes- presentó contra los gemelos, a quienes acusa de los anónimos que empujaron a Asuntos Internos, por acceso ilegal a sistemas informáticos -por la supuesta entrada con claves de otros agentes a bases de datos policiales-, denuncia falsa, simulación de delito y pertenencia a grupo criminal.
