La secretaria xeral técnica e do Patrimonio, María Socorro M. H., y el subdirector xeral do Patrimonio, Pablo J. M. P., declararon ayer en Ourense ante el magistrado de Instrucción 2, Luis Doval, investigados por un presunto delito de coacciones inmobiliarias -castigado en la mitad superior del arco de penas de prisión de 6 meses a 3 años, o con multa de 12 a 24 meses-, por el intento de desalojo de los dos únicos moradores, con régimen de renta antigua, del edificio público de la Avenida de la Habana, 1 (la antigua Cámara de la Propiedad), que la Xunta quiere dedicar a oficinas tras la mudanza en 2015 de los dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo y la sede forense del Imelga. Los dos cargos de la Consellería de Facenda respondieron a preguntas del magistrado y de sus defensas. El fiscal, autor de la querella, no asistió a la declaración.

El director xeral de la asesoría jurídica de la Xunta, el letrado Manuel Pillado, ejerce como defensor de la secretaria xeral en esta causa. Dio su versión a los periodistas, en una comparecencia sin preguntas a la salida del juzgado: "Estamos muy satisfechos", manifestó en dos ocasiones. "Se ha evidenciado que no ha existido ningún tipo de acoso inmobiliario. Es más, desde el momento en que la arrendataria avisó de que podía haber algún problema con el mantenimiento de la vivienda, y en concreto sobre el estado del ascensor, la administración empezó desde el día siguiente a adoptar las medidas oportunas para arreglar la situación".

El elevador funciona desde el miércoles 28, tras permanecer diez meses inoperativo después de que una inspección detectara en enero deficiencias muy graves. La denunciante, de casi 93 años, regresó el viernes, tras 4 meses, a la que es su casa desde 1963. A finales de julio sufrió una caída y ha tenido que vivir en un hotel porque la falta de ascensor complicaba el acceso a su vivienda del cuarto piso. La propia secretaria xeral dirigió un escrito a finales de octubre al otro vecino del inmueble para explicar las dificultades del proyecto de reforma, puesto que la maquinaria tuvo que se fabricada "expresamente". El abogado de la denunciante cree que la Xunta lo ha reparado "por la presión. Solo se movió cuando hubo una denuncia y después una querella en Fiscalía. Se movió por los medios de comunicación, por la presión. Sin ella, no arreglaría el ascensor y mi patrocinada seguiría en el hotel".

Una querella del fiscal jefe

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, considera que los dos cargos de la Consellería de Facenda, "estimando legitimo el fin perseguido y extralimitándose en sus funciones públicas, no dudaron en presionar e intimidar a los inquilinos", con el objetivo de que abandonaran el edificio público. Según el ministerio público, pese a una negativa judicial al desahucio con sentencia firme, usaron como medida para "doblegar" su voluntad la supresión del mantenimiento del ascensor, de las reparaciones y de la limpieza de las zonas comunes. El letrado jefe de la Xunta lo rebatía ayer así: "La administración siempre actúa en función del interés general y con objetividad, y por definición nunca realiza actos de hostigamiento contra nadie para que abandone su vivienda".

El edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana, de cinco alturas, es patrimonio de la Xunta desde principios de siglo. El propósito de la administración es dar uso administrativo al inmueble, para ahorrar alquileres de oficinas, máxime tras el traslado en 2015, al nuevo edificio judicial de O Couto, del servicio forense del Imelga y de los dos tribunales del ámbito de lo contencioso. El pasado viernes, operarios trasladaban expedientes judiciales al archivo territorial del Pazo de Xustiza.

Los contratos de los inquilinos, concertados en su día por la extinta Cámara de la Propiedad, fueron subrogados por la Xunta. El fiscal jefe señala que tras el nombramiento en 2012 de la secretaria xeral "la situación cambió radicalmente" para los moradores. Los dos cargos "entendieron que la Xunta había de recuperar la plena posesión del edificio lanzando a los arrendatarios, utilizando cualquier vía para ello, inicialmente acudiendo a los resortes legales, acompañándolos de medidas de presión no legítimas. Tal decisión de ambos querellados de dejar expedito el inmueble tenía que ver con algo que ellos personalmente entendían intolerable". La renta mensual de los mayores era de 25,26 y 74,97 euros, mientras que los gastos de mantenimiento del inmueble "eran de un importe notablemente superior al importe de las rentas".

Después de un intento de desalojo por la vía judicial, presuntamente llevaron a cabo "medidas de compulsión irregulares y no amparadas en derecho, con dejación consciente y manifiesta de las obligaciones que tenían como arrendadores". Unas formas, continúa la querella de la Fiscalía de Ourense, "que también usaron antes de la presentación de la demanda para, cronológicamente junto con esta, forzar y doblegar la voluntad de los arrendatarios, para que abandonaran el edificio o aceptaran un acuerdo sin especificar que de antemano sabían que no iba a ser concretado ni aceptado, porque habría de ser con condiciones peores". El fiscal desvinculó de los hechos al conselleiro Valeriano Martínez porque no le consta "por ahora" que "hubiera conocido o amparado actuaciones intimidantes"

Los dos cargos imputados de la Xunta, que ya declararon respectivamente en abril y junio ante el fiscal como investigados, negaron ayer al juez las irregularidades y afirmaron que, cuando tuvieron conocimiento de la situación del edificio, pidieron informes legales e hicieron todo lo que estaba en su mano para solventar las carencias. Hoy testifica el vecino del quinto y el 13 de diciembre declara la denunciante, de casi 93 años.