Partiendo de que el Concello de Ourense ha venido prorrogando los presupuestos desde 2014 hasta el año actual, el Consello de Contas de Galicia acordó en diciembre de 2017 realizar una fiscalización específica del Ayuntamiento centrada en el año 2016 cuyas conclusiones se aprobaron este mes.

El informe constata que esta tendencia a prorrogar las cuentas iniciada ya durante el anterior gobierno socialista lleva a la necesidad de realizar un "elevado" número de modificaciones presupuestarias. De hecho, durante el ejercicio analizado se produjeron operaciones por importe de 46,5 millones de euros, cantidad que representa más del 49% de los créditos iniciales.

En términos de estabilidad presupuestaria, el informe constata que el Concello cumple igualmente con la regla de gasto y con el límite de endeudamiento, pero destaca, por ejemplo, la falta de previsión económica para los riesgos y gastos que pudieran derivarse de procedimientos judiciales.

Por ello, la batería de 31 recomendaciones que cierra el documento del Consello de Contas comienza con el apunte que aconseja al Concello la aprobación anual de su presupuesto, cuestión que "favorecería la consecución de una adecuada sistematización de su actividad", con información sobre planes, programas, estados y demás datos, "de forma que permitan conocer la naturaleza económica de los ingresos y gastos previstos, y las finalidades y objetivos perseguidos por estos".

El actual gobierno del PP, en minoría, presentó este año un proyecto económico que definió como "los presupuestos más sociales de la historia" pero no logró el apoyo de la oposición, lo que le obliga a seguir tirando de las modificaciones de crédito y hace necesaria una constante negociación.

El informe realizado por el Consello de Contas dedica especial atención a los reparos formalizados por el órgano interventor, los reconocimientos extrajudiciales de crédito y las contrataciones. En el primer caso, señala que durante el ejercicio 2016 se tomaron por la Alcaldía un total de 302 resoluciones contrarias a informes de reparo de legalidad emitidos por la Intervención con carácter suspensivo. El importe de los reparos levantados ascendió a 7,2 millones de euros, lo que equivale al 7,5% de las obligaciones reconocidas en el ejercicio.

De esas resoluciones, 42 superan la cuantía de los 50.000 euros, alcanzando un importe de 6,2 millones de euros, que fueron revisadas en su totalidad por el Consello de Contas. Entre ellas se incluyen facturas emitidas por las empresas adjudicatarias de contratos de servicios prorrogados, como el de la ORA y retirada de vehículos, por 460.000 euros; la ayuda en el hogar, que supera el millón de euros, o el transporte público que asciende a 4,11 millones de euros.

Explica el documento que los decretos de la Alcaldía por los que se resuelve convalidar los gastos correspondientes a las facturas objeto de reparo se fundamentan "en la necesidad de proteger los derechos legítimos de los contratantes que se relacionaron de buena fe con esta administración municipal", sin que se exprese una discrepancia con el reparo.

En el capítulo de contratación, el Consello de Contas relaciona diversas deficiencias, como la "lentitud" en la tramitación de los expedientes con un tiempo medio de 345 días, o la existencia de 30 expedientes declarados desiertos por no presentarse ofertas o por no cumplir los aspirantes las condiciones de contratación.

En este sentido, el organismo recomienda un "adecuado dimensionamiento" de esta área municipal.

En relación con el reconocimiento extrajudicial de crédito, el informe explica que es una figura excepcional que debería utilizarse sólo en casos muy concretos para dar solución a aspectos muy puntuales, y "nunca como un medio elusivo para el incumplimiento de la normativa de contratación". En el Concello de Ourense se tramitaron en 2016 siete expedientes de este tipo por importe de 2,1 millones. El organismo pone el foco en dos de ellos, que suman un importe de 1,4 millones y que "corresponden a gastos que no disponían de consignación presupuestaria adecuada y suficiente, por lo que incurrirían en una causa de nulidad".