El nivel de morosidad en el Concello de Ourense se disparó durante el presente ejercicio, llegando a supera los 120 días de pago a proveedores, cuando la ley establece que debe ser de 30 días. A esta situación pretende hacer frente el gobierno del PP con modificaciones presupuestarias, que se asumen con el remanente de tesorería existente -el superávit con que cuenta el Ayuntamiento-, que asciende a 72 millones de euros, y el reconocimiento extrajudicial de créditos.

Pero a un mes vista de finalizar el presente ejercicio, las dudas de que se pueda rebajar la morosidad las ponen de manifiesto los grupos de la oposición. Aunque la concejal de Hacienda, Ana Fernández Morenza, espera corregir esa situación. Así, al pleno ordinario de diciembre, que finalmente se celebrará el día 10, se llevará un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe económico total que asciende a 366.715 euros, para afrontar el pago de facturas relativas a gastos realizados en ejercicios anteriores y el actual.

La mayoría de estas deudas estaban incluidas, a 31 de diciembre de 2017, en la denominada cuenta 413: "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto". El expediente debe llevarse a la aprobación plenaria, previo informe favorable de la Intervención municipal, algo que no sucedía en el caso de la modificación presupuestaria por importe de algo más de 4,5 millones de euros, que finalmente se aprobó, y cuya tramitación para su aprobación definitiva está pendiente de que finalice el periodo de alegaciones.

Proceso sin concluir

Esa fue la explicación que daba en la junta de área la responsable del área Económica, Fernández Morenza, al ser preguntada por la oposición sobre el pago de facturas pendientes, en el sentido de que aunque se había aprobado la modificación presupuestaria, no se podía hacer efectivo el pago a proveedores ya que estaba sin concluir el proceso.

El expediente de modificación presupuestaria relativa a la cuenta 413 la presentó el gobierno popular en un pleno extraordinario que se celebró el 19 de octubre, pero fue rechazada por los votos de Democracia Ourensana (8) y el PSOE (6), que suman la mayoría, frente a los 10 del gobierno, mientras los tres ediles de Ourense en Común optaron por la abstención.

Eso llevó consigo que el ejecutivo local llevase de nuevo el expediente de modificación al pleno ordinario del 2 de noviembre, en la que conseguía sacarlo adelante, ya que en esta ocasión el grupo socialista decidió cambiar el sentido del voto y abstenerse, al igual de OUeC, aunque DO mantuvo su rechazo.

El acuerdo daba continuidad a un proceso con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que se produjo el 7 de noviembre, con lo que se abría el periodo establecido para la presentación de las correspondientes alegaciones, que finaliza hoy.

Unas alegaciones, que de presentarse, deberán ser informadas por los técnicos municipales, y de nuevo llevar a pleno el expediente para su aprobación definitiva, lo que permitiría el pago de los algo más de 4,5 millones de euros de las facturas que formaban pare del mismo. Pero todo antes de que finalice el presente ejercicio, ya que de lo contrario se quedaría para el próximo año, una vez se realice la liquidación.