La mujer de 93 años que denunció acoso inmobiliario de la Xunta por los intentos de la administración de desalojar a esta vecina y el otro morador del edificio público de la Avenida de la Habana 1 (la antigua Cámara de la Propiedad), donde ambos tienen vivienda con renta antigua, no ha podido declarar esta mañana ante el juez, y no por voluntad propia. Su testifical se suspendió por la ausencia de uno de los abogados de la Xunta, el que asiste al subdirector xeral de Patrimonio, coinvestigado junto a la secretaria xeral técnica e do Patrimonio.
La intervención de la mujer tendrá lugar finalmente el 13 de diciembre, después de que sean interrogados los dos querellados. Ya fueron citados para el 19 de noviembre, pero entonces la declaración quedó aplazada porque el magistrado secundó la huelga de jueces y fiscales. Comparecen el próximo lunes, 3 de diciembre, un día antes de que lo haga el otro vecino del inmueble, este en calidad de testigo.
El fiscal jefe culpa al subdirector y a la secretaria xeral técnica e do Patrimonio, María del Socorro M. H., de "presionar e intimidar" presuntamente a los dos moradores para que abandonaran el edificio público, usando como medida para "doblegar" su voluntad la supresión del mantenimiento del ascensor, de las reparaciones y de la limpieza de las zonas comunes del inmueble.
La administración lo niega y su línea de defensa es que una institución que puede expropiar no tiene necesidad de incurrir en acoso inmobiliario. Un letrado calificó de "absurdo" este proceso penal. La Xunta ha mantenido la calefacción para esta temporada de frío y la reparación del elevador, inoperativo desde enero de 2018, está finalizada. La nonagenaria sufrió una operación de cadera en julio y ha tenido que vivir de hotel porque su piso está en el cuarto.
