Las acusaciones ya habían movido ficha en abril. La familia de Virginia Ferradás, víctima a los 55 años de un crimen presuntamente a manos de su marido, quiere que José Alén Lorenzo sea condenado como autor de un delito de homicidio de su esposa a 15 años de privación de libertad, sin apreciar eximente por la demencia frontotemporal de tipo conductual que sufre el marido. La Fiscalía sí tiene en cuenta el estado mental del encausado: solicita la libre absolución pero propone 14 años en un psiquiátrico. Tras varios meses de espera por recursos hasta que la Audiencia Provincial descartó el archivo, la defensa registró la semana pasada su escrito de conclusiones. Niega que Alén sea el autor y persigue como sentencia más desfavorable un control psiquiátrico bajo custodia de un tutor, sin internamiento como medida de seguridad. El abogado sostiene que el marido no pudo ser el responsable del homicidio de Virginia Ferradás, registrado en el domicilio conyugal de O Carballiño, el 29 de enero de 2017. "Carece de la capacidad necesaria para idear y ejecutar" el crimen porque su demencia "afecta gravemente al conocimiento o comprensión del acto y a la actuación conforme a esa comprensión", argumenta el letrado José Manuel Orbán Moreno.

La Fiscalía sostiene que José Alén mató a su esposa, de 55 años -llevaban 35 casados-, en la casa donde vivía con regularidad tras regresar de casi tres décadas de emigración en Suiza en 2016, después de que Alén empezara a manifestar signos de su enfermedad neurodegenerativa. Presuntamente, el hombre la asfixió tras una discusión que se inició porque ella, preocupada, no quería dejarle las llaves para que no saliera.

La dolencia provocaba, según los forenses, una "grave afectación de sus facultades de comprensión y actuación", con "un deterioro grande de las funciones cerebrales superiores, con rigidez y falta de flexibilidad del pensamiento y alteraciones de la conducta, las emociones y la afectividad".

Alén estuvo un mes ingresado en el CHUO, entre octubre y noviembre de 2016, y varios días en 2017. La última vez que lo atendieron en el hospital fue del 18 al 19 de enero de ese año, apenas semana y media antes del crimen. El hombre se encaramó al tejado del domicilio conyugal y permaneció allí durante seis horas, hasta que su hermano logró convencerlo para que bajara. Lo vieron en Urgencias pero recibió el alta y regresó a casa junto a su esposa y cuidadora, quien había acudido a los servicios sociales del Concello de O Carballiño para que una asistenta en el hogar la ayudara a atenderlo.

La defensa se basa en el estado psiquiátrico de Alén para descartar que él hubiera matado a su mujer, pese a que en la investigación no se barajaron otras líneas. Dice la defensa que la policía encontró al acusado con un cuchillo, mientras que las lesiones de la víctima eran por estrangulamiento. "Mantuvo desde el fatal hallazgo una total ignorancia de lo sucedido, llegando a indicar días después que "Virginia está en Carballiño" , expone el abogado.

Sostiene que es posible que el marido se autoprovocase las lesiones que tenía en el cuello y aduce que "sus manos no presentaban laceraciones u otras marcas que evidenciasen haber ejercido fuerza" .

En busca de la absolución, el abogado trata de apelar a la duda razonable. La inspección ocular constató que ninguna puerta de la vivienda fue forzada, "pero no se observó si una puerta pequeña, aparte del portón del garaje, que permite acceso a la vivienda, estaba o no abierta", expone en su escrito.

Además reitera un asunto que ya planteó en recursos de la fase de instrucción. En las uñas de la víctima se hallaron restos biológicos de un hombre que no es el acusado. La jueza de O Carballiño restó valor a este hecho recordando que puede producirse un traspaso de vestigios en un simple apretón.

"No podría defenderse"

El archivo no fue posible porque el Supremo, en casos con investigados con problemas mentales de posible eximente, se inclina por que se celebre el juicio, para que se acredite ahí su implicación y se establezca en sentencia la medida de seguridad, si procede. En sus conclusiones el abogado pide ahora la suspensión de la causa "hasta que el acusado recobre la salud", pese a que su enfermedad es neurodegenerativa. Argumenta el letrado, citando a los forenses del Imelga, que el encausado "dispone de escasa o nula capacidad de juicio crítico, de abstracción, de entender metáforas o similitudes. La consecuencia es que su capacidad procesal está muy afectada, no alcanzando a entender las consecuencias de sus palabras, el poder decidir si declara o no, si mentir o no, ni a utilizar recursos que una persona normal imputada en un delito podría utilizar". Como consecuencia, añade la defensa, "no reúne condiciones para participar como acusado en un juicio, pues no podría promover, intervenir o defenderse. Asimismo no podría mostrar conformidad con las acusaciones ni oponerse, y, si se conformare, la efectividad legal de la conformación tendría fisuras notables".

Añadiendo que Alén no es agresivo y descartando el riesgo de fuga por la grave enfermedad, el letrado solicita la excarcelación hasta el juicio y propone un geriátrico. El esposo permanece en prisión preventiva desde principios de 2017. La Audiencia Provincial de Ourense concluyó en octubre de este año que según los mismos informes forenses, "no existe anulación de la capacidad cognitiva por más que medie una severa y profunda limitación".