El alcalde, Jesús Vázquez, que daba a conocer, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, la decisión de no recurrir la sentencia del alto tribunal gallego lamentaba que se llegase a esta situación: "Es una pena que en su momento no se diesen los pasos para su legalización, y de esa forma no dañar los intereses de los propietarios y del propio Concello".

Sostiene Vázquez que en el anterior mandato "se pudo hacer", por lo que reprocha al anterior gobierno socialista que no buscase soluciones, que pasan por la aprobación del nuevo plan de urbanismo, como una de las soluciones más factibles para evitar el derribo de este bloque de viviendas.

Y aunque el nuevo documento de planeamiento sigue bloqueado ante la falta de los apoyos necesarios, toda vez que el grupo popular gobierna en minoría, el regidor señala que los técnicos municipales mantienen que el nuevo PXOM serviría para dar encaje dentro de la legalidad a los edificios que en estos momentos se encuentran bajo la amenaza de derribo.

Otra de las cuestiones que es objeto de "discrepancias" por los técnicos del Concello, es que se "determinen las garantías", debido a que se trata de una administración pública, que no debería ser necesario. Por lo de pronto, Jesús Vázquez indica que en su momento se hicieron "peritaciones", pero "no había una sentencia en esa dirección".