Ni la Fiscalía ni tampoco el exjefe de la unidad antidroga van a recurrir el archivo dictado por el magistrado Luis Doval por la prescripción de las posibles injurias o calumnias de los anónimos de la comisaría: el que en noviembre de 2014 empujó a Asuntos Internos a investigar a la Policía Nacional de Ourense y llevó, de rebote, a la operación Zamburiña, y el que llegó a la prensa en febrero de 2015 aireando un supuesto tráfico de armas y, entre líneas, el odio interno entre compañeros, larvado en la sede policial.
El sobreseimiento dictado el pasado lunes por el magistrado de Instrucción 2 de Ourense será, por lo tanto, firme cuando transcurra el plazo de los recursos. El policía antidroga Antonio R. F., quien salvo que la Audiencia resuelva lo contrario irá a juicio acusado junto a otros agentes de la unidad por la causa Zamburiña, no discutirá el cierre de dicho caso porque su querella contra los agentes gemelos es más amplia.
El inspector acusa a Roy y Bernardo D. L. de usurpar sus claves y fabricar pruebas falsas para dar base, precisamente, a los anónimos. Su denuncia, que fue turnada por reparto a Instrucción 1, donde el policía recusó al juez Leonardo Álvarez por supuesta amistad íntima con los gemelos, la admitió a trámite la magistrada Eva Armesto. La jueza lo acordó en Instrucción 3, pese a que el tribunal está exento en teoría de querellas. Es un capítulo más del embrollo que caracteriza el recorrido de las causas judiciales sobre la comisaría de Ourense, en las que cada órgano instructor resuelve según su criterio después de que la Audiencia Provincial ordenara separar la competencia por tribunales.
Con el cierre de las injurias en Instrucción 2, los procesos sobre la Policía se concentrarán en los de Instrucción 1 y 3. En el primero se investigó la Zamburiña, de cuyas detenciones se cumplieron 3 años el sábado, y donde solo están pendientes los recursos de varias defensas contra el procesamiento de 4 policías y 9 traficantes. Además, el juez Leonardo Álvarez acaba de reabrir la causa matriz: la de la desaparición de seis armas del búnker de comisaría, de cuya ausencia hubo constancia en agosto de 2014 y febrero de 2015.
En Instrucción Número 3, la jueza Eva Armesto mantiene investigados por presunto homicidio a los dos gemelos. Sospecha que presuntamente mataron a su compañero Celso B. A. en la sede policial, en abril de 2016, para que no se destapara la trama de las armas y de los anónimos, que la UDEV de la Policía Judicial y la propia magistrada atribuye a los tres. La autoridad pretendía asumir todas las derivadas judiciales pero la Audiencia fue acotando competencias e intervinieron los otros dos magistrados.
Ahora, Armesto suma al esclarecimiento de la muerte una nueva vía con la querella del exjefe antidroga contra los dos policías hermanos, en la que de nuevo se analizan los anónimos, aunque no solo. La autoridad descartó el falso testimonio que también atribuía Antonio R. F. pero aceptó investigar si se cometieron delitos de acceso ilegal a sistemas informáticos -por la supuesta entrada con claves de otros agentes a bases de datos policiales-, denuncia falsa, simulación de delito y pertenencia a un grupo criminal. La jueza acordó oír como testigo a un agente que fue jefe de Seguridad Ciudadana. Aún no hay fecha.
