El magosto, tiempo festivo en Ourense, remite desde 2015 a la comisaría a días difíciles. Ayer se cumplieron 3 años de la eclosión de la Zamburiña, la causa que hizo estallar la crisis que llevaba tiempo larvada en la sede policial, llevándose por delante al anterior grupo antidroga. Desde entonces, el recorrido judicial de las diversas ramas sobre la Policía continúa por caminos distintos, que se encuentran y se separan, que se cierran y se reabren.
El juicio contra 4 policías de estupefacientes y 9 traficantes de dos grupos criminales de la ciudad, para quienes la Fiscalía solicita un total de 102 años sumando las penas -entre 6 años y 3 meses, y 7 años y 9 meses para tres de los agentes- se vislumbra para 2019 en la Audiencia Provincial. Ahora el tribunal provincial, encargado de acotar competencias sobre las instrucciones policiales, está resolviendo los recursos de varias defensas contra los procesamientos.
La causa por la muerte de un agente que mantiene imputados a los dos inspectores gemelo tiene una parte aún secreta y está pendiente de análisis informáticos y periciales. La magistrada, Eva Armesto, amplió hace semanas el plazo máximo de la instrucción tras declarar la complejidad del caso. Roy y Bernardo D. L., detenidos en enero e interrogados durante horas en julio, permanecen en libertad provisional y siguen obligados a comparecer a diario en el juzgado, tras haber garantizado una fianza en conjunto de 200.000 euros, que la defensa recurrió.
La jueza ha admitido recientemente a trámite en Instrucción 3, el mismo juzgado donde indaga el presunto homicidio de Celso B. A., una querella del exjefe antidroga, Antonio R. F. El inspector acusa a los dos hermanos de usurpar sus claves para crear pruebas y rastros falsos con los que armar los anónimos y nutrir de información a Asuntos Internos. Es lo que sostiene también la UDEV de la Policía Judicial.
La trama de la comisaría de Ourense forma en el juzgado una madeja. Los casos se interrelacionan pero cada juzgado instructor opera por separado, según su criterio. Esta misma semana, dos magistrados resolvieron en distinto sentido sobre asuntos de la Policía. Leonardo Álvarez acordó nuevas diligencias, cuyo contenido no ha trascendido, tras reabrir (había archivado en mayo, librando de la imputación al secretario y al armero) el proceso sobre la desaparición de 6 pistolas del búnker de la comisaría, tres de las cuales aparecieron en el despacho donde murió el agente Celso B. A. en abril de 2016. Las pistolas se echaron en falta en agosto de 2014 y febrero de 2015.
Justo ocho días después de ese último descubrimiento llegó a la prensa un anónimo que aireaba el robo de pistolas y un clima interno de odio. Hasta entonces, toda las enemistades y rencillas que llevaban tiempo larvando la crisis de comisaría habían sido ajenas a la opinión pública. Esta semana, el juez Luis Doval archivó por prescripción el caso por injurias de los anónimos . Tres años después de la Zamburiña, la maraña de la Policía Nacional de Ourense no está resuelta del todo.
