La trama de la comisaría de Policía Nacional de Ourense se investiga en los tribunales con varias derivadas, pese a que la Policía Judicial ha simplificado la maraña atribuyendo varios de los delitos -al margen de la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas y la presunta connivencia de cuatro policías- a los dos agentes gemelos y a su compañero fallecido, por cuya muerte permanecen investigados los hermanos. La separación de los asuntos relacionados con la crisis policial, ordenada por la Audiencia Provincial, hace que cada juzgado instructor decida según su criterio. Luis Doval, titular del número 2, archivó con fecha de este lunes la causa por posibles injurias o calumnias de los anónimos de comisaría. Compartiendo el criterio de la Fiscalía que el ministerio público expuso en junio de 2016, el magistrado considera que el presunto delito estaría "claramente prescrito" puesto que caduca al año de su comisión.
Sin embargo, el juez explica que ante "los extensos y argumentados oficios" de la UDEV de Policía Judicial, intentó acumular a finales de 2015 su causa con la del robo de armas de Instrucción Número 1, al entender que "podría existir una vinculación o relación entre los autores de los anónimos con el robo de armas en comisaría". El juzgado de Leonardo Álvarez rechazó unir los casos, Instrucción 3 -de Eva Armesto- reclamó unir las injurias a su causa por el presunto crimen de un agente pero la Audiencia Provincial descartó conexidad.
En Instrucción 2, el magistrado archiva la causa de las posibles injurias por prescripción y además señala que "a través de las diligencias practicadas en la presente causa, no se ha identificado al presunto autor de los anónimo, y no se ha dirigido el procedimiento contra persona alguna como investigado en el plazo de un año desde la comisión del delito". No obstante, Doval remite copia de sus diligencias archivadas provisionalmente a la jueza Eva Armesto, por si "puede contribuir en el esclarecimiento" de la muerte en comisaría.
El 10 de noviembre de 2014, un documento con el título "nota informativa" remitido a la Unidad de Asuntos Internos denunciaba, de forma anónima, supuestas prácticas corruptas en comisaría, irregularidades en operaciones antidroga y venta de armas a delincuentes. En agosto de ese año se habían echado en falta las tres primeras de seis pistolas desaparecidas. Asuntos Internos empezó a pinchar teléfonos para resolver el robo del búnker y, de rebote, con escuchas y seguimientos, llegó a la Zamburiña.
El 26 de febrero de 2015, ocho días después de que se echaran en falta las otras tres armas, determinados medios de comunicación recibieron un documento con el encabezamiento "Tráfico de armas en la comisaría de Ourense". Se culpaba al armero -exonerado en la causa sobre el búnker-, y a los mandos, estos últimos por presuntamente encubrir. El escrito aludía a que las armas terminaron en el mercado negro y hasta se vinculó -falsamente- una de las desaparecidas con el atraco en el que una agente falleció en Vigo en 2014.
"Los datos señalan que los autores de la primera nota lo son también de la remitida a los medios de comunicación, y están relacionados directamente con la desaparición de las armas", concluyó la UDEV, apuntando a los gemelos y al agente fallecido en el atestado que, en Instrucción 1, acaba de motivar la reapertura de la investigación por el robo de pistolas. "De no haber sido remitida la nota anónima a la prensa, es muy probable que nunca se hubiera llegado a descubrir a los verdaderos autores", dijeron los agentes de la unidad. Pero esa conexidad apreciada en el ámbito policial no se ve de ese modo en el juzgado, al menos por ahora.
El sobreseimiento no es firme y aún admite recurso. Están personados la Fiscalía y el exjefe antidroga porque a un oficio de la UDEV de comisaría de 2015 le siguió una querella del inspector en 2016.
