La respuesta no podía ser otra, y en la línea de negar la denuncia realizada por el grupo de Ourense en Común, relativa a que la "nefasta gestión económica provocaría la perdida de subvenciones". La concejala responsable del área Económica y Hacienda, Ana Fernández Morenza, asegura que "no se ha perdido ninguna subvención", toda vez que "ya se le ha adelantado la documentación relativa al Concello esperando que Intervención informe la del Consello Municipal de Deportes y enviársela también", y de inmediato poder convocar la comisión.

Además, Fernández Morenza señala, en relación al procedimiento a seguir, que se expondrá al público y se llevará a pleno para su aprobación, una vez se resuelvan las alegaciones que se presenten, si es que se formalizan. Pero evitó entrar en otras consideraciones a las que aluden en su denuncia el grupo de Ourense en Común, en el sentido de que el concello "podría ser multado y quedar sin subvenciones por la mala gestión del gobierno popular en la aprobación de las cuentas".

Sucesivas demoras

La edil de OUeC, Montserrat Valencia, explica que en la última comisión, referida al ejercicio 2016, se celebró el 6 de octubre de 2017, con lo que "el año pasado ya llegó con cuatro meses de retraso" en relación con lo que se plasma en la normativa, y alerta de que "este año la demora será mayor, cinco meses o más, ya que aún no está ni convocada".

Además de advertir que en la Ley, de Haciendas Locales, se recoge que la cuenta general se someterá a la aprobación al pleno de la corporación, para que pueda ser aprobada antes del 1 de octubre,. Con lo que Valencia señala que "ya llegará tarde, por lo de pronto más de un mes".

En lo que también incide la edil de Ourense en Común, es que el concello, como gestor de fondos públicos, "tiene la obligación de informar sobre la actividad económica, financiera y presupuestaria, y hacerlo en tiempo y forma". Pero la realidad es otra muy diferencia, y así Valencia incide en que "los reiterados retrasos e incumplimientos" del gobierno popular " son un grave riesgo para las arcas municipales", y que además "podría en riesgo las inversiones del gobierno central". Así, recalca que por Ley, el balance general de 2017 deberá estar remitido al Tribunal de Cuentas antes del 15 de octubre, con lo que además de constatarse el "flagrante incumplimiento", se desconoce cuando se llevará a cabo.

Lo que tienen claro es que el seguir con los presupuestos prorrogados de 2014, ante la "incapacidad" de presentar y consensuar unos nuevos presupuestos, junto con la morosidad, que según los últimos datos se sitúa en los 120, son los que llevan a esa situación, sin que por parte del gobierno se busquen soluciones.