La fiscal pide condena para los seis acusados del tiroteo: "Se tomaron la justicia por su mano"

Las penas suman un total de 63 años de prisión (individuales de 10 a 13 años y medio) por dos delitos de homicidio intentado contra el jefe de la familia rival y su hijo, seis de tenencia ilícita de armas, amenazas y atentado contra el vigilante de seguridad privada imputable a uno de los acusados, desórdenes públicos y un delito continuado de daños del que hace responsable a tres de los seis.

Para la fiscal no existe duda alguna de que los hermanos Antonio y Diego G.M. junto con sus hijos, habían trazado un plan para acabar con la vida de E.M y F.M.. "No sabemos en qué consistía, pero por las armas que utilizaron, las múltiples detonaciones e impactos, no se entiende de otra manera que no sea acabar con la vida de estas personas". Añade que si bien es cierto que finalmente desistieron, "eso no quita la intencionalidad" que, para la fiscal, queda suficientemente acreditada por los numerosos impactos de perdigones, incluido uno de bala, registrados en el Seat León bajo el que se escondieron las dos víctimas, que sufrieron heridas leves.

De hecho, sustenta parte de su acusación en el informe de balística que sitúa "de forma clara" cuatro armas en el lugar de los hechos, tres largas y una corta, y en la trayectoria dibujada por los impactos que prueba que los proyectiles llegaron desde la rotonda en la que se situaron Antonio y sus hijos, y desde el aparcamiento en el que estaban los otros tres. También defiende el testimonio del guardia de seguridad cuestionado por la defensa. Para la fiscal es el "más fiable" por su imparcialidad y persistencia corroborado, además, por un policía nacional que observó desde la ventana de su casa como era encañonado por Diego G.M..

Tanto los acusados como las víctimas, dos familias gitanas enfrentadas por aquel entonces por la relación amorosa no autorizada entre dos jóvenes de uno y otro bando, ofrecieron al tribunal el mismo relato de los hechos. Coincidieron en el hospital y Antonio y su hijo Moisés realizaron varios disparos "al aire para asustar", nunca con intención de matar, mientras Daniel forcejaba con su padre para arrebatarle el arma. A Diego y sus hijos, que accedieron por un lateral las víctimas ni siquiera los vieron y ellos alegan que no dispararon ni una vez. Sólo Diego admite que bajó con una escopeta "simulada" y que se encaró al vigilante sin encañonarlo.

Esta versión corroborada por las víctimas rectifica lo declarado en fase de instrucción, cuando manifestaron que los tres primeros portaban cada uno un arma y disparaban hacia ellos. Las defensas señalaron que aquellas declaraciones se realizaron "en caliente" cuando existía muy mala relación entre las familias y defendieron la validez de lo dicho en el plenario.

La fiscal censuró el cambio de versión ahora que las familias se han reconciliado y pidió que se deduzca testimonio a siete miembros de la familia rival (los dos heridos y cinco testigos). "Nos alegra que se lleven bien", apuntó, pero fue tajante: "Entonces llevaban dos años sin hablarse, una familia llevaba dos años sin ver a su hija que iba a ser madre, se tomaron la justicia por la mano y ahora pretenden lo mismo, mintiendo en este tribunal y sin atenerse a las leyes y normas que rigen los tribunales de justicia".

El perdón al que han llegado ambos bandos con la mediación del Consejo de Ancianos Gitanos de Galicia es un acto que no permite la legislación, incidió la acusación, atendiendo a la gravedad de lo ocurrido, un tiroteo a las puertas de un hospital: "La cantidad de disparos efectuados muestra un desprecio total hacia un lugar público", sostuvo la fiscal.

Las defensas ven desproporcionada la petición de la Fiscalía e insistieron en la libre absolución, aunque introduciendo la alternativa de lesiones agravadas en el caso de Antonio y su hijo Moisés, que reconocieron los disparos, y de un delito leve de amenazas para Diego respecto al vigilante. El letrado de los primeros pide que se juzgue a sus clientes "por los delitos que verdaderamente cometieron" e insistió en que ambas familias han alcanzado la "paz social". El abogado de la familia de Diego reprocha que se sustente la acusación en la declaración de un vigilante que contradice a "todos los demás" al asegurar que oyó disparos en el aparcamiento "que nadie más escuchó".

Los seis acusados ejercieron su derecho a la última palabra antes de que la presidenta del tribunal declarase el juicio visto para sentencia. Antonio G.M., que reconoció que disparó "al aire" porque temía por su vida y quería "asustar" a la otra familia, asumió toda la culpa: "Soy el único responsable; mi hermano, mis hijos y mis sobrinos no tienen nada que ver", señaló. Se mostró arrepentido y pidió perdón reiterando que "en ningún momento quise matar a nadie".

Su hijo Daniel, al que exculparon tanto los acusados como las víctimas, pidió perdón por lo sucedido pero aclarando que él no disparó. Su hermano Moisés, que también admitió disparos al aire, extendió las disculpas por el tiroteo "a la gente que se encontraba en el hospital".

Diego y sus dos hijos tomaron la palabra para pedir disculpas a todos y reiterar su inocencia. El padre, que en el juicio reconoció que portaba un arma, aunque "simulada" según él, con la que dos testigos afirman que encañonó al vigilante de seguridad, pidió perdón a este trabajador que se enfrentó a ellos sin protección exigiéndoles que dejasen las armas. Esta intervención provocó que el Ford Focus emprendiese la huida y puso fin al altercado.

Las defensas pusieron en valor el hecho de que ambas familias ya se han reconciliado y que han reparado parte de los daños ocasionados.

Pero no todos están cubiertos. El actor civil que representa al Sergas solicitó una cantidad de 3.831,14 euros en concepto de resarcimiento, derivada de los daños sufridos por el edificio hospitalario, así como de la atención sanitaria requerida por las dos víctimas tras el tiroteo.