El juez Luis Doval acepta la querella del fiscal jefe para investigar a dos cargos de la Xunta por un presunto acoso inmobilario, pero descarta por ahora exigir una fianza a los dos imputados, que prestarán declaración con asistencia letrada el 19 de noviembre. La Fiscalía solicitaba una cantidad de 25.000 euros. El magistrado de Instrucción 2 considera que, en este momento inicial del proceso, todavía no procede establecer una caución.
El ministerio público proponía la reclamación de esa cantidad a los dos cargos de la Consellería de Facenda "a los efectos de garantizar eventuales responsabilidades pecuniarias, tanto respecto de multas como de responsabilidad civil, estimándose prudencialmente dichas responsabilidades, inicialmente, por importe de 25.000 euros", según figura en el texto de la querella.
Consideraba el fiscal jefe provincial, Florentino Delgado, que fijar la garantía era oportuno "atendido los gastos pasados y futuros por alojamientos fuera de la vivienda" de la vecina de casi 93 años que está viviendo en un hotel, tras una rotura de cadera en verano que complicaba su estancia en su vivienda del cuarto piso, puesto que desde enero el ascensor -ya en fase de reparación- permanece inoperativo.
Además, la Fiscalía justificó la apertura de la pieza de responsabilidad civil en "los perjuicios causados por la actuación de los querellados, limitativa de manera notable de la vida de los inquilinos".
Cronología de la causa
La fianza es la única de las diligencias de instrucción propuestas por el ministerio público que el juez Luis Doval no ha acordado por ahora. En el auto de admisión a trámite de la querella firmado el lunes, el instructor acuerda la declaración en calidad de investigados de los dos cargos de la Xunta, como ya informó este periódico ayer. La secretaria xeral Técnica y de Patrimonio de la Consellería de Facenda, M. P. S. M. H., así como el subdirector de Patrimonio, P. J. M. P., están citados la mañana del 19 de noviembre. Ya declararon como investigados en abril y junio, en el marco de las diligencias del fiscal jefe.
El magistrado escuchará el testimonio de la vecina nonagenaria el 28 de noviembre. En la querella se solicitaba su citación "a la mayor urgencia posible", debido a "su situación de muy avanzada edad y enfermedad". El 4 de diciembre comparecerá como testigo el otro inquilino afectado, el único que está viviendo actualmente en el edificio público de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana, en la confluencia de la Avenida de la Habana con la Plaza de Concepción Arenal, en el centro de la ciudad.
La Fiscalía atribuye a los cargos de la Xunta acciones para "presionar e intimidar", así como para "forzar y doblegar la voluntad" de los vecinos, para que decidieran marcharse una vez que el desahucio fue rechazado por la Audiencia Provincial, en sentencia firme.
La presunta coacción se llevó a cabo con la supresión del mantenimiento, las reparaciones y la limpieza de las zonas comunes y el ascensor, según la Fiscalía. Facenda sostiene que sí existe limpieza y que el elevador será reparado pronto. Ayer volvieron los operarios al edificio.
