Declararon en abril y en junio en calidad de investigados ante el fiscal jefe de Ourense, y volverán a comparecer con la asistencia de letrados, pero ahora ante el juez. El magistrado de Instrucción 2 de la ciudad, Luis Doval, firmó ayer el auto de admisión a trámite de la querella del fiscal jefe por un presunto delito de coacciones inmobiliarias, de dos cargos de la Xunta, a los dos últimos inquilinos del edificio público de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana, en la confluencia de la Avenida de la Habana con la Plaza de Concepción Arenal, en pleno centro de la capital.
El instructor ha señalado para noviembre la declaración como imputados de los dos técnicos de Facenda sobre los que la Fiscalía deposita la responsabilidad: la secretaria xeral Técnica y de Patrimonio de Facenda, M. P. S. M. H., y el subdirector de Patrimonio, P. J. M. P. De ellos dice el fiscal jefe provincial, Florentino Delgado, que "extralimitándose en sus funciones públicas, no dudaron en presionar e intimidar a los inquilinos", para "forzar y doblegar la voluntad" de los vecinos para que decidieran marcharse una vez que el desahucio fue rechazado por la Audiencia Provincial de Ourense, en sentencia firme.
Además de interrogar a los dos técnicos de la Xunta, el juez escuchará en calidad de testigo a la vecina de casi 93 años que acudió a la Fiscalía para denunciar presiones de la administración para que desalojara su vivienda habitual desde 1963, así como desatenciones entre las que se incluyen graves deficiencias en el ascensor que lo mantienen inoperativo desde enero, aunque Facenda sostiene que estará arreglado en días. La nonagenaria, operada de la cadera en julio, está viviendo en un hotel.
En su querella de fecha 28 de setiembre, el fiscal jefe proponía la comparecencia de los querellados y de los dos únicos inquilinos del inmueble, estos en calidad de testigos. Respecto a la señora mayor, Florentino Delgado pedía su citación "a la mayor urgencia posible", debido a "su situación de muy avanzada edad y enfermedad".
La secretaria xeral declaró en la Fiscalía de Ourense el 26 de abril de este año. Asistida por una letrada de la asesoría jurídica de la Xunta, justificó que su responsabilidad en los documentos dirigidos a los vecinos se limitaba a su rúbrica, no a su elaboración. Ella no redacta. El subdirector de Patrimonio declaró el 1 de junio. Ese mismo día, el fiscal jefe interrogó al conselleiro Valeriano Martínez, en calidad de testigo.
El político, de quien no consta "por ahora" que "hubiera conocido o amparado actuaciones intimidantes" según la querella, avaló la pasada semana a los cargos y esgrimió que existía un "bien superior", dar uso administrativo al edificio público para ahorrar gastos. Además, afirma que los vecinos "fueron contactados" y se les ofreció "un alquiler equivalente" o una indemnización
