La reclamación al Concello de algo más de 4,2 millones de euros que formalizó Acuaes, sociedad estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, en relación a la construcción de la actual depuradora de Reza, en función del convenio firmado en su momento, es para el concejal de Medio Ambiente y portavoz del gobierno popular, José Araújo, una "discusión jurídica" que viene derivada de las "discrepancias que hubo sobre la liquidación final".
Y aunque dice desconocer la reclamación que se presentó en el Juzgado Contencioso-Administrativo por incumplimientos de pago por esos 4,2 millones de euros, cuantía económica que se podría superar con los intereses de demora, Araújo reconoce que las facturas -dadas a conocer por FARO- existen y que estaban pendientes de pago, aunque dice "no recordar" si por parte de Acuaes se produjeron hasta dos requerimientos del pago de esas cantidades antes de acudir a la vía judicial.
Los que sí tienen claro que estamos ante un asunto "grave" son los portavoces de DO, Gonzalo Pérez Jácome, y del grupo socialista, José Ángel Vázquez Barquero, aunque coinciden en que "no es nada nuevo que estas cosas sucedan con este gobierno", y reiteran que "forma parte de la nefasta gestión" que viene llevando a cabo.
Barquero recuerda que "los convenios están para cumplirlos" y pide que se constituya una comisión de seguimiento técnico sobre la reclamación de Acuaes. Más contundente es Jácome, al hacer referencia a la advertencia que hizo en su momento el interventor sobre esta situación: "Tenía razón el interventor y queda demostrado que los presupuestos que presentaron para 2018 eran ilegales".
Y si Barquero reprocha al alcalde que no convocara una junta de portavoces para abordar esta cuestión, y que "acudirá a que la oposición lo rescate, otra vez", Jácome considera especialmente grave que "se pase del secretario y el interventor, y se tenga que llegar al juzgado por el impago de unas cantidades tan importantes".
